En los últimos cuatro años, Argentina restituyó a Perú más de 4500 piezas arqueológicas, mucho más de lo que el resto de los países del mundo devolvió en los pasados 15. Por qué es importante devolver los bienes culturales a su lugar de origen, quién se encarga y cómo lo hacen.
Coleccionistas, contrabandistas fetichistas, compran, venden, persiguen, consiguen, se obsesionan, con la posesión de bienes culturales. El tráfico de bienes culturales es el cuarto delito en el ranking internacional de comercio ilícito.Hasta el año 2000, en la Argentina la ley de protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico era considerada caduca e ineficaz, había base de datos de bienes robados ni un servicio de seguridad especializado en este tipo de delito, razón por la cual, muchos objetos salían y entraban al pais sin un control efectivo, según explica Marcelo El Haibe, director de la división de Protección del Patrimonio Cultural-INTERPOL.
Ver los frecuentes movimientos de objetos que entraban y salían del país por Ezeiza motivó a agentes de la Policía Aeroportuaria Nacional (PAN) a acercarse al Instituto Nacional de Antropología para capacitarse y saber distinguir cuando se trataba de una artesanías de objetos arqueológicos.
El antecedente: la ley 9080
Durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, entre 1910 y 1914, se sancionó la ley 9080, que declaraba la propiedad del Estado sobre las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico. La ley se hizo fue sancionada el 26 de febrero de 1913 y reglamentada por un decreto el 29 de diciembre de 1921.
En el momento de sanción de la ley 9080, las provincias se resistían a su aplicación por su carácter centralista. El registro de las piezas se le solicitaba a los directores de las misiones científicas que entregaran un inventario de los hallazgos al final de sus trabajos de campo a un organismo fiscalizador llamado Sección Yacimientos.
La ley dormida
La ley indicaba, entre otras cosas, que nadie podrá utilizar o explotar ruinas o yacimientos sin permiso del ministerio de Justicia (art 2), regulaba la exportación de objetos solo propósitos de estudio y sin fines de especulación comercial (art 4,5) y autorizaba al Estado a expropiar los objetos arqueológicos, antropológicos y paleontológicos que se hallen en poder de particulares (art8).
El "Caso Janeir" es un emblema para la Argentina, dado que por un lado mostró que era posible aplicar la Ley 9080 y por otro hizo evidente la necesidad de una ley de Protección del patrimonio Arqueológico y Paleontológico más moderna.
En el año 2000 al ver los frecuentes movimientos de objetos arqueológicos que entraban y salían del país por Ezeiza motivó a agentes de la Policía Aeroportuaria Nacional (PAN) a acercarse al Instituto Nacional de Antropología para capacitarse y saber distinguir cuando se trataba de una artesanías o de objetos arqueológicos.
A partir de entonces, se realizó la denuncia judicial, se iniciaron las investigaciones que permitieron identificar a varios anticuarios y coleccionistas que vendían piezas arqueológicas, principalmente en locales comerciales de calle Florida. Finalmente, en noviembre del mismo año se realizaron los allanamientos, recuperando unas 10000 piezas arqueológicas (provenientes de la Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, México y Colombia) y otras tantas piezas paleontológicas que estaban distribuidas entre sus casas de antigüedades y domicilios privados.
Desde entonces, el INALP funciona como depósito judicial de los bienes y como organismo autorizado para peritar, registrar, comprobar la autenticidad de las piezas y acondicionarlas para ser restituidas. El proceso judicial demandó 15 años, durante los cales se sancionó la nueva ley
En el año 2015, se le dio un cierre virtuoso al un largo proceso restituyendo a Perú y ecuador más de 4500 piezas y recuperando unas 5000 del patrimonio cultural nacional.
Este caso constituye una de las mayores recuperaciones de bienes exportados ilícitamente en la historia del continente, la mayor de bienes peruanos, y confirma el eje Lima-Buenos Aires como una de las rutas más importantes del tráfico de bienes culturales en América Latina, indica la investigación realizada por Ojo Público, por una alianza de equipos periodísticos integrada por La Nación (Costa Rica), Plaza Pública (Guatemala), Animal Político (México) y Chequeado (Argentina).
Nueva ley
En el año 2003 se sancionó la ley Nº 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y que está en vigencia actualmente. Argentina, además, ratificó por ley las convenciones e UNESCO y UNIDROIT, sobre la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, lo que brinda un marco de cooperación internacional.
Uno de los objetivos principales de la actual ley es frenar el incremento de las colecciones particulares que se nutren de objetos generalmente obtenidos de una cadena clandestina o ilegal.
Devolver
Las restituciones voluntarias no soy muy frecuentes, Argentina valora el carácter inalienable del patrimonio cultural de cada nación y procede a la devolución de los bienes. A modo del ejemplo, en los últimos cuatro años, Argentina restituyó a Perú 4500 piezas arqueológicas, más que lo que el resto de los países del mundo devolvió en 15 años. Por otra parte, entre el 2008 y el 2016, Europa y Estados Unidos pusieron a la venta más de 7 mil objetos del patrimonio arqueológico del Perú.
La publicidad de estas acciones incentiva a los particulares a realizar a su vez devoluciones. Tal es el caso de Lucas Pérez Alonso y familia, que realizaron la devolución voluntaria de 76 piezas arqueológicas prehispánicas que recibió en herencia de su padrino, un cirujano coleccionista y apasionado por el arte precolombino. "Nosotros sabíamos que esas piezas no eran de él y le decíamos que las tenía que devolver", cuenta Lucas.
Tras la muerte de su padrino, Lucas decidió devolver las piezas a su lugar de origen. Las vasijas, figurinas y representaciones de animales y seres fantásticos que pertenecen a las civilizaciones prehispánicas como la, Moche, Chimú, Nazca, Vicus y Chancay.
Si bien las piezas formaron parte de la cultura material de las sociedades prehispánicas, son los Estados actuales los encargados de la protección y custodia de las mismos. En los últimos años, las comunidades originaria han solicitados a los museos la no exhibición y devolución de los restos de sus antepasados.
Los investigadores consideran que se generó un profundo cambio de mentalidad con respecto al trabajo con las poblaciones locales donde se encuentran piezas. Y lo explican: "Antes no consideraban necesaria la relación con la comunidad. Hoy los arqueólogos consultamos con las comunidades y compartimos el trabajo científico, dejamos informes sobre el trabajo que vamos haciendo, damos clases especiales en las escuelas de las localidades y realizamos talleres de concientización sobre bienes culturales. Consideramos que nuestro trabajo no está completo si no realizamos esta transferencia a la comunidad, o a la sociedad".
Bienes robados
Argentina se encuentra en el primer lugar de los países latinoamericanos en reportar a Interpol sus bienes culturales robados, seguido por Perú, Ecuador y Bolivia. Entre 2008 y 2015, el país incorporó a sus registros el robo de 2.816 objetos culturales, entre ellos cuadros, objetos con valor histórico, libros y colecciones numismáticas. Los robos se produjeron tanto en casas particulares como en galerías de arte, museos y bibliotecas.
Pero en el año 2000, gracias al trabajo de cooperación entre INAPL y la Policía Aeroportuaria, la Ley 9080 salió del letargo para recuperar miles de objetos, en el marco de una sola causa. Esta causa fue un aliciente para la sanción en el 2003, de la Ley 25.743, que protege el patrimonio arqueológico y paleontológico.
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