La pelea con la Nación por los fondos que se dejaron de percibir a partir de la aplicación de las medidas pro consumo, tuvo ayer un nuevo capítulo con el encuentro de ministros de Hacienda y fiscales de Estado de las 15 provincias que presentaron sus cautelares ante la Corte, además de otros tres distritos que buscan sumarse a esta movida.
Por un lado, está la organización política de un reclamo unificado, para lo cual se decidió seguir presionando ante el máximo Tribunal para que se cumpla el fallo.
La otra cuestión es el impacto real de las modificaciones de Ganancias y Monotributo, además de la quita del IVA a una serie de productos de la canasta básica alimentaria.
Ayer, los funcionarios tuvieron en sus manos una planilla de la Oficina de Presupuesto del Congreso, donde se detallaban los conceptos y se llegaba a un monto que superaba los 46.500 millones de pesos.
El cuadro, denominado "Impacto recaudatorio de las medidas anunciadas en agosto", contenía varias columnas, una de las cuales incluía el "Costo Tributario Provincial". En ese ítem, se incorporaron el aumento al mínimo no imponible, la devolución de Ganancias, la reducción del 50% Ganancias de octubre a diciembre para autónomos, la exención en el Monotributo en septiembre y la eliminación del IVA en productos alimenticios.
De todos esos apartados surge una cifra que se acerca a los 50 mil millones de pesos, para todas las provincias, sin las naftas.
No a las audiencias
Medios nacionales coinciden en que los gobernadores opinan en que Macri quiere dilatar el tema para dejárselo a la próxima gestión y por eso ahora agregó otra instancia judicial: pidió audiencias que por ahora serán para dos provincias -Entre Ríos y Santiago del Estero- y el tema quedó a la espera de que se defina qué hacer con este pedido.
"Esperamos que la Corte defina hoy mismo (por ayer), creemos que va a rechazar el pedido de audiencia del Gobierno", dijo uno de los fiscales a La Política Online y opinó: "El momento de consensuar era antes, ahora tienen que cumplir el fallo".
Mientras esperan que la Corte se expida, los gobernadores acordaron hacer un nuevo pedido. "El consenso entre los fiscales y ministros de todas las provincias es que vamos a presentar un nuevo escrito al máximo tribunal para que la Nación suspenda de inmediato la aplicación de los decretos del Presidente", explican. Además, la mayoría entiende que el fallo debe ser retroactivo y deberán obtener una compensación por los fondos perdidos. "Buscamos que el Gobierno intime a la AFIP a que a través de ese organismo se cumpla la sentencia", resumió un funcionario.
"Pensamos que íbamos a poder definir plazos más significativos, pero todavía no hay muchas certezas. Lo único claro es que vamos a avanzar juntos porque el fallo nos da la razón y es muy claro al respecto", analizó uno de los participantes a la salida del encuentro y lanzó: "Lo más claro de todo es que el Gobierno hoy está desoyendo una decisión de la Corte Suprema".
De la reunión de este martes participaron representantes de todas las provincias, con la excepción de María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Juan Schiaretti, que no mandaron a nadie. En el oficialismo saben que satisfacer el pedido de los gobernadores de dar marcha atrás con los decretos y volver a poner el IVA generaría un fuerte salto en la inflación. Un riesgo que no están dispuestos a correr antes de la elección de octubre, mientras deslizan que hay una especulación de parte de gobernadores opositores y el propio Macri reclama "coherencia" a los pedidos.
Mediciones privadas señalan que, pese a la baja del IVA, los alimentos de la canasta básica fueron de los que más aumentos registraron desde las PASO. Cuando se les vuelva a cargar el IVA, se verían incrementos del 10,5% al 21% en bienes sensibles en la mesa de los argentinos. Por eso, si Macri cumple el fallo de la Corte Suprema y suspende la baja transitoria de los impuestos, también corre el riesgo de que los indicadores de pobreza del segundo semestre crucen el 40% y marquen un récord histórico.
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