De esta forma, a partir del primero de marzo, el precio estabilizado de la energía tendrá un aumento del 90%. Pasará de $2.910 a $5.500 por megawatt por hora para los usuarios no residenciales que consuman más de 300 kW de potencia. Pese a ser el principal componente de las facturas de los grandes usuarios, no es el único, por lo que el traslado no será directamente proporcional.
La normativa, establecida a través de la Resolución 131/2021 con la firma del secretario Darío Martínez, no alcanza a los usuarios residenciales ni a pymes. Solo apunta a los grandes usuarios de energía eléctrica que hasta ahora gozaban de un subsidio que significaba un diferencial de costos. También contempla correcciones que permitirán generar un importante ahorro fiscal para generar equidad entre los grandes usuarios, en el marco del objetivo de hacer más eficiente la política de subsidios para redireccionarla a aquellos sectores que no puede pagar el costo de la energía.
Hasta el momento, existían en Argentina unos 2.900 grandes consumidores sobre unos 650.000 pequeños y medianos comercios, talleres, industrias y prestadores de servicios, que tenían un subsidio que significaba un diferencial de costos y un beneficio con respecto a sus competidores. Estas industrias beneficiadas iban desde fábricas automotrices hasta grandes espacios comerciales, incluso petroleras.
"Adicionalmente resulta necesario subdividir la categoría Demandas Mayores a 300 kW –GUDI– en los subgrupos: General y Organismos y Entes Públicos que presten los Servicios Públicos de Salud y Educación", señala la normativa. En esta diferenciación se excluyen expresamente a las instituciones públicas que prestan servicios de Salud y Educación de los tres niveles del Estado, las que seguirán con la tarifa subsidiada.
Por su parte, Martínez sostuvo que "se tomó esta medida para remediar inequidades que provocaban distorsiones en el costo de la electricidad entre empresas de similares tamaños y actividades". El secretario también expresó que "se mantuvo expresamente a escuelas, hospitales y universidades públicas dentro de la tarifa subsidiada, otorgándole el tratamiento diferencial que les corresponde por la jerarquía e importancia social de la actividad que desarrollan".
Finalmente, concluyó que "si bien es difícil calcularlo, ya que depende del nivel de recuperación de la actividad y del consumo, este tipo de correcciones nos permitirán generar un importante ahorro fiscal".
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