El fiscal Carlos Stornelli imputó al jefe de Gobierno
porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y a su ministro de Salud, Fernán Quirós; al
requerir que se investigue la presunta "privatización" de la
vacunación contra el coronavirus en el distrito, luego de que se suscribieran
convenios para entregar dosis a algunas obras sociales y empresas de medicina
prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.
El fiscal dio impulso a dos denuncias recibidas
martes en las que se apuntó a "las acciones llevadas a cabo en el marco del
plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de
carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", según
surge del dictamen al que aacedió Télam.
Una de las denuncias había sido presentada por
la abogada Natalia Salvo, en su condición de vecina y ciudadana expuesta a
contraer Covid, quien pidió ser tenida como parte querellante.
Salvo apuntó a la supuesta firma de convenios entre el gobierno de la Ciudad e
instituciones privadas, en las cuales delegó parte del plan de vacunación
contra el coronavirus "otorgando privilegios a dichas instituciones y sus
socios por encima del resto de la población".
Al solicitar las primeras medidas de prueba, el fiscal Stornelli reprodujo la
parte de la denuncia en la que la abogada Salvo aseveraba que "Horacio
Rodriguez Larreta estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva
adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a
grupos privados en detrimento de la población en general".
La denunciante había señalado que "esta
práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información
y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas,
en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían
constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal".
El fiscal presentó el requerimiento ante el juez federal
Ariel Lijo, a quien le solicitó que disponga una serie de medidas de prueba
para, en principio, poder reconstruir los convenios suscriptos por el Gobierno
porteño con establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ejecutar el Plan Estratégico para la
Vacunación contra la Covid-19.
Stornelli también buscará establecer la totalidad de los lotes de vacunas
recibidos en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuál fue
el destino que le dio el gobierno porteño.
La postura del gobierno porteño
En conferencia de prensa, el ministro Quirós afirmó que el Gobierno del
distrito está dispuesto a "mostrar y explicar" ante la Justicia el
plan de vacunación que se implementa en la ciudad de Buenos Aires.
De esta forma, respondió a las dos presentaciones realizadas el martes ante la
Justicia: una, por la presunta "privatización de la vacunación contra el
coronavirus" al "entregarles dosis a algunas obras sociales y
medicinas prepagas para uso exclusivo de sus afiliados"; y otra por la
supuesta aplicación de vacunas a "militantes de Juntos por el Cambio en
una asociación vecinal de Parque Chacabuco cuya referente es una dirigente
radical".
En su habitual rueda de prensa en la sede del Gobierno porteño, en el barrio de
Parque Patricios, explicó que desde el Gobierno porteño se realizaron acuerdos
con siete empresas de medicina prepaga para llevar adelante la campaña de
vacunación contra el coronavirus, del mismo modo en que se hace habitualmente
para la distribución de otras vacunas, con el fin de "que cada ciudadano
porteño tenga la misma capacidad y accesibilidad" a la inmunización.
"No tenemos ningún
problema con ninguna denuncia. Si algún ciudadano tiene alguna duda, aquí
estamos para mostrar y explicar lo que hacemos e hicimos y para transparentar
los datos. Lo más importante es explicarle a la gente",
dijo el funcionario porteño.
Las prepagas que se mencionan en el sitio web del GCBA son: Hospital Italiano,
Hospital Alemán, Hospital Británico, Sanatorio Güemes y CEMIC; las obras
sociales, en tanto, son Osecac (empleados de comercio) y OBSBA (Obra Social de
la Ciudad de Buenos Aires).
La segunda denuncia contra las autoridades del GCBA fue realizada por el
abogado Yamil Castro Bianchi y refiere al presunto armado de un centro de
vacunación paralelo en la CABA llevado adelante por la Asociación Civil
'Encuentro Vecinal Sur' en el barrio de Parque Chacabuco -con dirección en
Picheuta 1517-, donde se estaría "vacunando a militantes de Juntos por el
Cambio y amigos".
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