Rubén Flores, de 77 años, junto a su familia llegó hasta el cementerio Municipal de la ciudad de Santa María, para visitar la tumba en la que descansan los restos de su esposa, en el segundo aniversario de su fallecimiento. Sin embargo, el hombre y sus hijos vieron una imagen que los perturbó. El cajón no estaba, el cuerpo tampoco. Los restos del cadáver de su esposa habían sido supuestamente robados o extraídos sin rastros.
La falta de respuesta de las autoridades del cementerio, ubicado en la cabecera departamental, obligó a Rubén a radicar una denuncia penal contra el Municipio a cargo de Juan Pablo Sánchez. Según contó su abogado Oscar Romero en diálogo con radio Valle Viejo, cuando la familia "fue a ver la bóveda que le correspondía, el cuerpo no se encontraba", y luego, "no pudieron dar con el encargado del cementerio"
El letrado dijo que, en un cuaderno de la administración, la familia verificó que la mujer "se encontraba anotada con la fecha de su defunción, pero no tenía número del nicho".
Asimismo, afirmó que la situación se "agrava" porque la Municipalidad "autorizó el traslado de un cadáver par otra bóveda con el mismo número", pero remarcó: "Era un joven que no tiene nada que ver con la mujer".
"Por más que nos entreguen el cuerpo no vamos a saber si corresponde a la esposa. Va a ver que hacer más de una exhumación de cadáver encima hay un hombre que se confundió y en vez de llevar a su hijo llevó una mujer. Él va a tener que venir del sur del país para decirnos dónde está el cuerpo", añadió el abogado.
Por otro lado, Romero señaló que la denuncia apunta contra el intendente Sánchez "porque es el responsable de la administración municipal y, además, porque hay graves falencias y negligencias que demuestran claramente que al municipio no le interesa el cementerio porque con una simple computadora o libros bien llevados podríamos identificar el cuerpo".
"No le da la importancia que tiene una maternidad, hogar de ancianos o cementerio. Cada uno de los féretros tendría que tener un número, no están identificados. Lo más grave es el daño moral que provoca a la familia", lamentó el letrado.
Por último, consideró que la justicia "tiene que dar orden, primero, de comunicarse con el padre del chico fallecido, abrir esa bóveda, hacer la exhumación del cadáver y que todo los gastos corran por cuenta de la Municipalidad
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