En medio de las tensiones entre el Gobierno y la oposición por la eventual reunión del ministro de Economía, Martín Guzmán, con la plana principal de Juntos por el Cambio, cónclave que hasta el cierre de esta edición no estaba confirmada -ver página 10-, la Casa Rosada promete para los próximos días definir la convocatoria a sesiones extraordinarias, con una agenda de temas que excede los tiempos legislativos y que deberá esperar al período ordinario, que comenzará el 1 de marzo.
A la espera de la convocatoria en cuestión, en el podio de urgencias aparece la discusión sobre el Consejo de la Magistratura, salvo que aparezca un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El debate debe darse tras el plazo que dio la Corte Suprema de Justicia para reorganizar la conformación del organismo que propone y sanciona a los jueces antes del 15 de abril.
El fallo de la Corte ordenó que, mientras no haya una nueva norma, el Consejo tiene 120 días corridos para volver a funcionar con la integración anterior, de 20 miembros encabezados por el presidente de la Corte. Ante las dificultades de reorganizar su integración con nuevos representantes de los jueces, los abogados y los legisladores nacionales, el Consejo de la Magistratura decidió remarcarle al Congreso la necesidad de avanzar lo antes posible con una nueva ley y le pidió al Ejecutivo que incorpore el tema en las sesiones extraordinarias.
A inicios de diciembre pasado, el Gobierno envió al Senado una ley sobre el Consejo para llevar la conformación a 17 miembros. Para ello, se sumarían dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta la institución, e incorpora la perspectiva de género para dar cumplimiento a convencionales internacionales y a normas internas.
Por su parte, la oposición aprovechó las idas y vueltas de Alberto Fernández y empujó una baterías de iniciativas propias para disputarle el espacio al Frente de Todos. Además de leyes relacionadas con el Consejo de la Magistratura (como el radical Mario Negri), se presentaron iniciativas sobre Bienes Personales, IVA, retenciones, y citaciones por la falta de reacción del Canciller, Santiago Cafiero, en cuestiones sensibles de política exterior. Además, Juntos por el Cambio prepara, para el mes próximo, la confirmación de Cristian Ritondo (PRO) como nuevo jefe del interbloque en la Cámara baja para blindar la toma de decisiones en Diputados y evitar fuga de votos.
La semana pasada, y mientras se buscaba cerrar la reunión de Guzmán con la oposición,la Casa Rosada intentó reaccionar y envió al Congreso el Consenso Fiscal firmado por la mayoría de mandatarios provinciales, que permite la suba de impuestos locales y desvirtúa aún más el acuerdo original de 2017.
Quien no acompañó el Consenso Fiscal promovido por el kirchnerismo fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien sostiene una puja judicial con Nación por la millonaria quita de fondos contra la Ciudad gatillado por el Presidente. Se diferenciaron del PRO los gobernadores radicales Rodolfo Suarez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) y el jujeño Gerardo Morales (Jujuy), flamante jefe de la UCR en el país y uno de los enlaces preferidos del oficialismo con la principal fuerza opositora.
Más leyes
La agenda de proyectos incluye un combo industrial -se espera la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, el kirchnerista Matías Kulfas, ausente durante la discusión del Presupuesto 2022-, pero aún hay dudas sobre cuestiones judiciales imposibles de avanzar, por ahora, con la conformación del nuevo Congreso. Una de ellas la reforma judicial que empujó el cristinismo en el Senado. Otra es la modificación de la mayoría para elegir al procurador general, para pasar de los dos tercios actuales a una mayoría absoluta. Ambos textos quedaron frenados en Diputados.
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