La Cámara Federal porteña deberá resolver si las denuncias por las
amenazas y la violencia propagadas desde la cuenta de Instagram de
Revolución Federal deben investigarse junto con la causa en la que se
pesquisa el intento de matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner.
El tribunal de apelaciones deberá intervenir luego de
que la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que investiga el ataque a
la Vicepresidenta, rechazará la competencia sobre la otra causa que le
había enviado su colega Marcelo Martínez de Giorgi, informaron fuentes
judiciales.
Mientras tanto, la causa en la que se investiga a Revolución Federal
se encuentra bajo secreto de sumario mientras se desarrollan una serie
de medidas de prueba propuestas por el fiscal Gerardo Pollicita
tendientes a determinar las vinculaciones y el financiamiento de ese espacio desde el cual se agitan consignas violentas.
En un dictamen elaborado el pasado 16 de septiembre, Martínez de Giorgi
consignó que "la plataforma fáctica que constituye el objeto de
investigación del presente legajo, esto es la presunta actividad ilícita
llevada a cabo por el grupo Revolución Federal en su perfil de
Instagram, debería ser investigada a la luz de los elementos de prueba
reunidos en el expediente CFP 2998/22 y por ende, conjuntamente con el
ilícito padecido por la Vicepresidente de la Nación el pasado 1° de
septiembre.
"Teniendo en consideración que una de las personas
que habría participado en él y que se encuentra actualmente detenida en
marco de la causa de mención, días antes concurrió a una manifestación
organizada por el grupo", en relación a la denominada "marcha de las
antorchas" que se grupo realizó el pasado jueves 19 de agosto, y que
consistió en arrogar elementos encendidos con fuego contra la Casa
Rosada.
Uliarte participó, al menos, de una de las manifestaciones de Revolución Federal.
El magistrado agregó que, en efecto, "no podría descartarse el aporte de tal agrupación en el intento de homicidio de la actual Vicepresidente de la Nación, sea este la instigación de Brenda Uliarte, su auxilio, cooperación o financiación".
En su presentación, el magistrado cita una denuncia recibida por la
Policía Federal, en la cual "se hizo saber que en las redes sociales
estaba circulando" el perfil de una persona que "atentaría contra la
democracia y que incitaría al odio y violencia política, de forma
directa al Presidente (Alberto Fernández) y a la Vicepresidenta de la
Nación (Cristina Fernández de Kirchner)".
El denunciante "se
refirió que el perfil de la cuenta de Instagram a la que hacía
referencia era @revolucionfederal", y dicho usuario que expresaba: "Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle".
"El robo y la corrupción Argentina va a dejar de ser gratis por las
buenas o por las malas", sostenía esta mensaje publicado en esa red
social.
A su vez, en la resolución del juez se consigna que
surge de una publicación "los datos de una cuenta bancaria a nombre de
Leonardo Franco Sosa, para realizar 'donaciones' y se adjuntaron
capturas de pantallas en relación a lo anoticiado".
Como
resultado de las diligencias iniciales ordenadas, "luce un informe en el
sumario policial de fecha 8 de septiembre en relación a la
visualización del perfil denunciado, respecto del cual se adjuntaron
capturas de pantallas, además de verificarse que en la red social
Facebook figuraría la misma agrupación, que se reconocería como
agrupación política no gubernamental".
Martínez de Giorgi "también hace alusión el informe inicial a que distintos medios periodísticos referirían que Leonardo Sosa y Jonathan Morel, serían los creadores de dicha organización".
El pedido a Capuchetti
El
magistrado le solicitó al juzgado que encabeza Capuchetti que le
informara si este grupo denominado como Revolución Federal estaba siendo
investigado en la causa que se sigue por el intento de asesinato de la
Vicepresidenta, y en la que también interviene el fiscal Carlos Rívolo.
El juez señaló que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó una denuncia
sobre "una conversación de casi dos horas de duración, publicada el
26/8/22, una semana antes del atentado, en la red social Twitter, en un
espacio que habría sido creado por la agrupación Revolución Federal y
mantenida por los usuarios @FCastelliCheij y @moreljonathan, que se
titulaba "Hay que pudrirla?".
En se sentido, se recuerda que Brenda
Uliarte -detenida por el intento de magnicidio- participó "cuanto menos
en una de las violentas manifestaciones que organizara la agrupación
Revolución Federal, que se efectuaron bajo las las consignas "reventar
la Plaza de Mayo" y "exigir renuncias".
"No podría
descartarse el aporte de tal agrupación en el intento de homicidio de la
actual Vicepresidente de la Nación, sea este la instigación de Brenda
Uliarte, su auxilio, cooperación o financiación", apunta Martínez de
Giorgi
La decisión del tribunal podría desencadenar nuevas medidas
investigativas para establecer vínculos y financiamiento de los grupos /
Foto: Osvaldo Fantón.
Y agrega que esa
afirmación tenía sustento para el fiscal Pollicita "a partir de la ya
citada publicación existente en las redes sociales de Uliarte sobre
aquel suceso, de la que se derivaba que la nombrada poseía la misma afinidad ideología política y social que detentaban los miembros de Revolución Federal".
Por estas razones y "motivos de economía" procesal, el magistrado
decidió remitir las actuaciones sobre Revolución Federal al Juzgado
Federal 5 que encabeza Martínez de Giorgi para que investigue sobre la
conexión entre este grupo y los detenidos por el intento de magnicidio a
la expresidenta.
Para la jueza, los hechos denunciados se
circunscriben a personas "totalmente distintas y hasta el momento sin
vinculación con aquellas que se encuentran imputadas" por el ataque a
Fernández de Kirchner, y desiste de intervenir en las investigaciones
sobre Revolución Federal .
Al respecto se sostiene que en las denuncias que presenta el juzgado de Martínez "solo se hace mención a un grupo conformado por personas que de ningún modo guardan relación con los hechos que son investigados en esos actuados".
La magistrada considera que el juzgado de Martínez de Giorgi "sólo basó
su declinatoria de competencia en función de los escasos elementos de
pruebas incorporados hasta el presente, sin siquiera haber efectuado
previamente aquellas diligencias tendientes a determinar los extremos de
la denuncia".
Ahora, será la Cámara Porteña la que deberá
resolver cuál de los magistrados es competente para investigar a
Revolución Federal, su presunta vinculación con el ataque a la Vicepresidenta y el financiamiento de sus actividades.
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