Este lunes, el Gobierno Nacional anunció que fue creada la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), que busca "mejorar la prevención, detección, investigación y persecución de ciberdelitos, utilizando tecnología de inteligencia artificial (IA)".
La medida fue anunciada mediante el decreto 710/2024 publicado en el Boletín Oficial y funcionará bajo la órbita de la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, que depende del Ministerio de Seguridad, y tendrá como autoridad máxima a el Director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos. Estará integrada a las áreas de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales competentes en la materia.
De hecho, se explicó que la decisión "no implica erogación presupuestaria alguna", y se dejó en claro que el departamento "adecuará sus misiones y funciones a las pautas, principios, criterios, recomendaciones y directivas para las labores preventivas de los delitos que se desarrollan en ambientes cibernéticos aprobadas".
Las funciones de la UIAAS incluyen patrullar redes sociales, aplicaciones, sitios de Internet y la “Internet profunda” para investigar delitos, identificar autores y detectar situaciones de riesgo grave. Además, analizará imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real mediante reconocimiento facial, utilizará algoritmos de aprendizaje automático para predecir futuros delitos, e identificará patrones inusuales en redes informáticas para detectar amenazas cibernéticas. También procesará grandes volúmenes de datos para crear perfiles de sospechosos e identificar vínculos entre diferentes casos, y utilizará drones para patrullar áreas extensas y proporcionar vigilancia aérea.
Asimismo, la UIAAS realizará tareas como la desactivación de explosivos mediante robots, mejorará la comunicación y coordinación entre diferentes Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, y analizará actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales e identificar movimientos de grupos delictivos. Y, por último, se espera que pueda prevenir disturbios y detectar transacciones financieras sospechosas o comportamientos anómalos que podrían indicar actividades ilegales.
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