El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentará el próximo martes ante la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2021, que prevé un déficit equivalente al 4,5% del PBI y que destinará más del 60% de los recursos a gastos sociales, de acuerdo con lo informado por fuentes parlamentarias.
La iniciativa será enviada en tiempo y forma, como establece la Ley de Administración Financiera, que fija como fecha tope al 15 de septiembre para presentar el proyecto que establece la previsión de gastos y recursos para el año siguiente.
La posibilidad de que ese mismo día el ministro Guzmán participe en una reunión de la Comisión de Presupuesto no está confirmada.
Ese día, los integrantes de la comisión que conduce Carlos Heller están citados para las 15, para debatir el proyecto que permite refinanciar las deudas entre las provincias y la Anses, y que establece un nuevo mecanismo para pagar la reparación histórica para evitar la venta de activos del FGS.
Será el primer presupuesto de la administración del presidente Alberto Fernández, ya que descartó en su momento la propuesta que había presentado el gobierno de Mauricio Macri antes de la elección presidencial y optó por prorrogar el que estaba vigente hasta el 31 de diciembre del 2019.
Guzmán adelantó la semana pasada que el proyecto de Presupuesto 2021 contemplará un déficit del 4,5 por ciento del PBI, entre otras cuestiones.
Reactivación
El foco estará puesto en la reactivación del mercado interno como motor de la recuperación, que tendrá como uno de sus puntales un salto en la inversión en obra pública, que se financiará en buena medida con crédito de organismos internacionales como el BID y la CAF. En ese sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó que se duplicará la participación del gasto de capital en relación al presupuesto de 2019, el último aprobado. Aunque esto se combinará con un esquema que busque fomentar a los sectores exportadores y la sustitución de importaciones para generar divisas e intentar evitar un nuevo estrangulamiento externo al cabo de algunos años de crecimiento, cuando comiéncen a llegar los vencimientos de capital de los bonos reestructurados.
El proyecto ingresará a Diputados el 15 de septiembre, la fecha límite para su presentación. De acuerdo al cronograma planteado por el Gobierno, aunque todavía sujeto a modificaciones, ese mismo día Economía expondrá los lineamientos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. Aún no está definido si el encargado de hacerlo será Guzmán o su secretario de Hacienda, Raúl Rigo.
¿Cómo financiará el déficit fiscal?
El texto contendrá las principales proyecciones macroeconómicas oficiales: inflación, tipo de cambio, crecimiento, saldo comercial, reservas, ingresos y gastos, entre otras. El único número que adelantó el Gobierno fue la previsión de un rojo fiscal primario de 4,5% del PBI. Lo hizo el ministro la semana pasada al anunciar el resultado del canje externo.
La intención de Guzmán fue aprovechar la euforia del canje para informarle al mercado, que reclama -ahora a través del Fondo- un rápido ajuste, que el déficit será aún elevado. Aunque empezará su curva decreciente. Es que, producto del fuerte gasto adicional que demanda el paquete de medidas paliativas de la coronacrisis y el desplome de la recaudación de los primeros meses de la cuarentena, este año cerrará con un rojo de entre el 7 y el 8% del PBI.
"Vamos a tener un presupuesto que va a hacer el máximo esfuerzo para auspiciar la recuperación y para que el Estado impulse la demanda agregada y para que el sector privado tenga mejores condiciones, al mismo tiempo que vamos en el camino a poner las cuentas en orden. Se apunta a un número que es lo suficientemente acotado como para ser consistente con las restricciones que enfrentamos, pero todo lo grande que puede ser para darle un impulso a la economía", explicó el ministro el pasado viernes en conferencia de prensa sobre el objetivo fiscal.
El rojo del 4,5% será al menos 3 puntos menor al de 2020. ¿Cómo se llegará a eso? Por un lado, con una recuperación de la recaudación a través del rebote de la actividad económica y del nuevo esquema tributario que el Gobierno buscará aprobar en el Parlamento junto con la ley de leyes. Por otro, producto de un recorte de buena parte del gasto en las principales medidas de emergencia, como el IFE y el ATP, que apuntarán a reconvertirlas en programas de estímulo a la creación de empleo.
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