La jueza Alejandra Abrevaya vuelve a tener en sus manos la causa de las elecciones en Boca Juniors. La Cámara rechazó la recusación horas después de que Sebastián Font, a cargo del juzgado 36°, fuera sorteado al frente del proceso que hace una semana suspendió los comicios, que debían haberse realizado el pasado 3 de diciembre, a raíz de la denuncia de la oposición sobre supuestas irregularidades en el movimiento de 13.364 socios dentro del padrón.
De todos modos, la Cámara aún tiene que resolver qué sucederá con la cautelar que suspendió el acto eleccionario. Y le pidió a Font, el magistrado todavía a cargo antes de esta determinación, que corra los traslados ya. La oposición va a responder mañana a primera hora sus fundamentos detrás de mantener el recurso. Y el fiscal de Cámara tendrá que dictaminar: a más tardar el miércoles de la semana próxima definirá si la cautelar estuvo correcta o no. Si define que estuvo mal, se votará el domingo 17. Si la ratifica, será Abrevaya quien tendrá a su cargo resolver la cuestión de fondo. Y las urnas deberán mantenerse guardadas hasta 2024.
Su figura había quedado bajo la lupa del mundo del fútbol durante tras la resolución que firmó el martes 28 de noviembre en la que determinó “suspender el acto de elecciones” hasta tanto se definan “la situación de irregularidades detectadas prima facie del padrón mediante la acción correspondiente de depuración” dándole espacio a una denuncia que impulsó Andrés Ibarra, candidato a presidente por el espacio opositor del Xeneize que cuenta con Mauricio Macri como figura de peso en su rol de aspirante a vicepresidente.
El club decidió apelar el fallo de Abrevaya, con un escrito apuntando directamente contra la decisión que había tomado la jueza, quien luego decidió apartarse de la causa, aunque cuando la Cámara le solicitó los argumentos, planteó que entendía haber actuado sin tropiezos. Además, informó que recibió mensajes intimidatorios en las redes sociales, pero también una parte de su círculo cercano, incluida su hija. Frente a esto, presentó una denuncia ante la fiscalía y la Policía de la Ciudad decidió apostar una consigna de seguridad mientras se esclarecen estos sucesos.
En el medio había sido sorteada la jueza Analía Romero, que en 2013 junto a su marido y sus hijos se hicieron socios del club. En consecuencia, consideró “prudente excusarme de entender el presente proceso, a fin de preservar la debida administración de justicia y neutralizar cualquier temor de parcialidad que tal circunstancia pudiera albergar en los sometidos a juzgamiento”
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