La distancia en cantidad y porcentaje de sufragios a uno y otro candidato, permite aventar toda sospecha de fraude y todo tipo de rumores, que no hacen más que cuestionar la legitimidad de origen de un mandatario. El 56% es claro y evidente, pero nunca un cheque en blanco: el primer magistrado, así como ocurre con los gobernadores provinciales, el Congreso de la Nación, las legislaturas, los intendentes y los concejos deliberantes siempre deben gobernar y administrar dentro de los estrictos parámetros marcados por la Constitución nacional y las de cada provincia.
El poder está disperso: ningún partido lo concentra y eso es tremendamente positivo, porque obliga a todas las partes a sentarse a dialogar, a confrontar civilizadamente en las cámaras legislativas y en los medios, a arribar a acuerdos sobre políticas de Estado. Está disperso geográficamente, y el nuevo presidente tampoco tiene una bancada numerosa en ninguna de las dos cámaras del Congreso, por lo que sí o sí deberá establecer puentes y conversaciones con otras fuerzas políticas. Desde 2015 hasta aquí, hemos visto coaliciones en el poder, y así seguirá ocurriendo por varios años más, en medio de una reconfiguración completa del sistema de partidos políticos.
El presidente de la República, lejos de lo que se suele creer, no tiene poder de decisión sobre una enorme gama de cuestiones, como la educación y la salud, que son atribuciones provinciales. Mucho tiempo y regueros de tinta se han desperdiciado en especulaciones sobre el porvenir de las escuelas y los hospitales públicos, cuando es bien sabido que en la república federal en la que vivimos, son de órbita provincial. Como toda campaña electoral, estuvo más marcada por los ánimos encendidos que por la razón y la mesura, pero ahora, ya resuelto el dilema por los próximos cuatro años, ya es tiempo de que imperen la cordura y la sensatez.
Por lo pronto, el nuevo primer magistrado puede y debería restaurar el prestigio de la institución presidencial, que se ha deteriorado gravemente en los últimos años. Y ello comienza desde la ejemplaridad y austeridad, la vocación por ser el presidente de la ciudadanía sin distingo de adhesiones partidarias, orígenes y trayectorias, hasta la aplicación efectiva de las normas emanadas del Congreso. Será un gran desafío personal para Javier Milei, que se ha hecho célebre gracias a su estilo disruptivo, excéntrico y en muchas ocasiones de gran agresividad. En esta oportunidad histórica que se abre, con un evidente cambio político, es preciso que todos los actores políticos procedan como corresponde en un régimen constitucional democrático. La democracia y el Estado de Derecho no están en peligro, tal como se agitó en la campaña, y estos valores de la libertad y el pluralismo deben ser incorporados y defendidos con celo por la ciudadanía y por sus representantes. Que nos gane el espíritu patriótico de pensar y actuar para el porvenir, en debatir sobre cómo recuperar el crecimiento económico, el progreso social, la movilidad social ascendente y la excelencia educativa que nos caracterizó durante decenios en América latina.
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