El fiscal Diego Torres Pagnussat, de la Segunda Circunscripción Judicial Chilecito, solicitó ayer la elevación a juicio de la causa por “Abuso sexual agravado y corrupción de menores” en contra de Alfredo Chade, por considerar que la etapa de instrucción se encuentra completa.
En este marco, Pagnussat consideró que “los actos procesales anulados previamente fueron debidamente subsanados”, por lo que el proceso debe continuar su curso jurídico.
A su vez, expuso que la calificación legal del hecho encuadra en los delitos continuados de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar un grave daño en la salud mental, y por ser el autor encargado de la guarda de la víctima”, “Promoción de la corrupción de menores agravado por existir amenazas y engaños”, y “Producción de imágenes pornográficas de menores de edad”.
Las actuaciones del caso iniciaron a partir de la denuncia de la madre de la víctima en el año 2019, en la que relató los abusos a los que habría sido sometida su hija por parte del imputado, quien era cercano a su círculo familiar.
El caso
El acusado se desempeñaba como director del Museo Molino San Francisco, de la localidad riojana de Chilecito, cuando fue detenido. La víctima relata que soportó sus abusos sexuales durante tres años en silencio, hasta que con apenas diez años de edad, decidió contarle ese “secreto” a su mamá. Luego de que la mujer lo denunciara ante la Justicia, Alfredo Chade, de 61 años, fue detenido por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. Chade fue procesado en 2019.
Las conversaciones de WhatsApp y los audios que la familia aportó en la causa investigada por el Juzgado de Instrucción Nº2 de la jueza Virginia Illanes y la fiscal Analía Alcaraz sirvieron como prueba para determinar, en principio, que el hombre habría abusado sexualmente de ella de manera ultrajante. Luego, la aparición de fotos y videos de la presunta violación, que fueron aportados a la fiscalía por la querella de la familia, cambiaron su situación procesal. Chade podría recibir una condena de 30 años.
La defensa siempre negó el hecho poniendo en duda la veracidad de los videos, por lo que la Justicia puso a peritos oficiales y de parte a analizar el material.
Organizaciones feministas vienen alertando sobre la revictimización del caso, ya que la privacidad e identidad de la víctima no fueron resguardadas. Se filtraron informes médicos en medios de comunicación y todos los detalles de la denuncia.
La Organización comunitaria de mujeres Peli Mercado denuncia que en lugar de preservar a la víctima, la dejaron “expuesta siempre” y entre varias irregularidades reclaman “la pérdida del disco duro que contenía el detalle de cámara Gesell”. En un comunicado emitido a la prensa se solidarizan con todo lo que la familia de la querella debió atravesar estos 5 años y solicitan a la justicia “la máxima condena”.
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