La respuesta a un nuevo panorama en el que, de acuerdo con las palabras del presidente Javier Milei, “no hay plata”, no será uniforme, tanto por las distintas situaciones de las administraciones como por las estrategias a elegir, que se reducen a la combinación de tres variables: recortes de gastos, aumentos de impuestos y, en menor medida, endeudamiento.
En un esquema de relaciones fiscales en el que gran parte de los ingresos provinciales depende de transferencias nacionales, la estanflación anticipada por el presidente desde antes de su asunción afectará de manera directa a la recaudación impositiva y, en consecuencia, los envíos por Coparticipación, a lo que debe añadírsele la decisión de restringir los giros no automáticos o discrecionales.
Al respecto -y si bien aún se desconoce la inflación de diciembre- los números de 2023 dan cuenta de una caída de las transferencias de la Nación a las 24 jurisdicciones subnacionales en términos reales.
Las transferencias automáticas (Coparticipación, un conjunto de leyes especiales y las compensaciones por el Consenso Fiscal) alcanzaron el año pasado a 14 billones 365.845 millones de pesos, con un incremento nominal del 120%, inferior a la inflación promedio proyectada, al igual que las discrecionales o no automáticas, con 2 billones 53.954 millones de pesos y un alza interanual a valores corrientes del 135,5%.
Pero la caída fue más pronunciada en diciembre, en el primer caso por el efecto de las reformas en Ganancias y la devolución del IVA, además de la retracción de la actividad económica, y en el segundo por las restricciones iniciadas por Milei luego del 10 de diciembre y una atenuación de los giros en el último tramo de la Presidencia de Alberto Fernández.
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