El Directorio del FMI se reunirá el próximo miércoles 31 de enero para tratar la revisión del acuerdo que se realizó con Argentina luego de la misión de principios de mes, anunciaron fuentes oficiales.
En caso de aprobarse, como se espera que ocurra, se desembolsarían US$ 4.700 millones para el país con los que se podrá hacer frente a los vencimientos que operan justamente el mismo 31 de enero y el 1 de febrero.
"Luego del acuerdo con el FMI a nivel de staff en el marco de la séptima revisión del Programa de Facilidades Extendidas, el Board del organismo mantendrá un encuentro el próximo miércoles 31 de enero para tratar el caso de Argentina", informaron fuentes oficiales del Ministerio de Economía.
Argentina debe cancelar el 31 de enero las cuotas de capital que acumuló del mes de enero por el programa de facilidades que ascienden a la suma de US$ 1954. Al día siguiente, operan vencimientos por intereses que son impostergables, por otros US$844.50. Esto totaliza unos US$2.800 millones.
La información surge el mismo día que el Banco Central logró romper el techo de los US$ 25.000 millones de reservas brutas. En la presente semana acumuló compras por US$802 millones y en lo que va de la gestión Milei compró casi US$5.900 millones.
Por lo que seguramente la semana entrante Economía no tendrá mayores inconvenientes en cumplir con los pagos de capital más intereses con las reservas actuales, independientemente que el desembolso se confirme el 31 y el dinero llegue unos días más tarde y no habrá que echar mano de préstamos puentes con otros organismo internacionales como ocurrió en los últimos vencimientos.
Las nuevas metas acordadas con el FMI
La Argentina se propone lograr un superávit primario del 2 por ciento del PIB este año (consistente con el equilibrio general), mediante una combinación de medidas de ingresos y gastos.
Se espera que los ingresos se vean respaldados temporalmente por mayores impuestos relacionados con el comercio, así como por ganancias derivadas de la normalización de la producción agrícola.
Mientras tanto, la racionalización del gasto se sustentará en reducciones de los costos administrativos, los subsidios a la energía y el transporte, transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales y gastos en infraestructura de menor prioridad.
Las medidas iniciales se complementarán con esfuerzos a lo largo del tiempo para salvaguardar un equilibrio fiscal general, a través de mejoras de alta calidad en la eficiencia de los sistemas tributario y de gasto.
La clave de lograr esto sin dudas esta puesta en la discusión en el Congreso con el proyecto de Ley Ómnibus y los cambios instaurados en el DNU. Todavía esta en discusión y con final abierto.
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