El Gobierno nacional oficializó este lunes la intervención de las sociedades del Estado Educ.Ar, Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos por el plazo de un año, período que podrá ser prorrogado por única vez por decisión de la Jefatura de Gabinete.
Así se establece en el decreto 117/2024 que fue publicado en el Boletín Oficial.
Así, el abogado Diego Martín Chaher fue designado interventor de RTA y, con carácter ad-honorem, de Télam, Contenidos Públicos y del portal Educ.Ar.
Asimismo, la norma consigna el nombramiento de Sebastián Marías como interventor adjunto de Radio y Televisión Argentina y, con carácter ad-honorem, de Télam, de Contenidos Públicos y de Educ.Ar.
En el ejercicio de sus cargos, "el interventor y el interventor adjunto tendrán, en forma conjunta, las facultades que los respectivos estatutos de las empresas intervenidas confieren al Directorio y a su presidente", según se sostiene en el articulado de la norma.
Los interventores deberán "elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo".
Además deberán "evaluar, modificar el Estatuto para el Personal del organismo y aprobar uno nuevo", así como propiciar cambios "en el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias o aprobar uno nuevo".
Por otra parte, podrán modificar "el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo y cambiar "la denominación de los organismos, previa conformidad del Ejecutivo.
Las nuevas autoridades de los medios públicos también estarán en condiciones de "modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete y/o aprobar una nueva", según se establece en el articulado de la norma.
Además podrán "revisar la administración de compras y contrataciones" y "disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado de los mismos".
Deberán "presentar la rendición de cuentas; operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas y designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas".
El decreto determina que tanto el interventor como el interventor adjunto puedan "vincularse a otros aspectos regulatorios, a acciones de auditoría y sanciones, a aspectos económico-financieros y a la protección de los derechos de los usuarios".
En caso de detectarse alguna anomalía, "deberán informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose la totalidad de la información o documentos de trabajo respectivos y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar".
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