Hemos tomado esta decisión por el impacto que significaría este incremento para los negocios que no pueden sostenerse por la disminución de ventas, aumento de alquileres” afirmó en declaraciones periodísticas, y aclaró que: “hoy para las familias es prioridad es la salud, la comida y la educación de sus hijos”.
El Gobernador aseguró que La Rioja es la única provincia que tomó una medida de esta magnitud para proteger a sus ciudadanos del impacto económico que implicaría el aumento en las tarifas de energía. “Espero que los riojanos valoren esta decisión política que garantiza la accesibilidad a un servicio esencial como la energía”.
El Gobierno nacional dispuso un incremento en las tarifas de luz y gas que impactará en los usuarios de todo el país, a partir de un aumento en los precios mayoristas y una rebaja en el porcentaje del subsidio que recibe cada grupo de usuarios. La quita de subsidios de las tarifas de luz y gas que comenzó en junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, hasta que se implemente el nuevo esquema de subsidios focalizados.
Dijo que la provincia no cuenta con los fondos nacionales necesarios y que, actualmente, se están haciendo previsiones presupuestarias a nivel municipal y provincial. “Lo que estamos haciendo es la previsión presupuestaria, tanto el municipio como la provincia, tratando de ayudar a todos los departamentos, incluida la capital, que estuvo descuidada durante mucho tiempo. Tratamos de distribuir de la manera más interactiva posible los recursos que tiene la provincia, que son muy escasos para este tipo de obra”, explicó el gobernador.
Obras en suspenso
Respecto a las obras públicas, el gobernador expresó su esperanza de que la Nación considere a La Rioja en sus planes de inversión. “Vamos a ver si la Nación tiene presente a nuestra provincia y si los legisladores nacionales que representan a La Libertad Avanza pueden gestionar para que lleguen los recursos para las obras que ellos mismos han detenido”, mencionó.
Quintela también informó sobre el convenio que estaba listo para ser firmado, pero que fue “misteriosamente pospuesto”, según sus palabras. “Estábamos para firmar el convenio el lunes y se nos llamó para decirnos que la firma se había pospuesto. Espero que se pueda activar en algún momento, ya que las obras viales y otros proyectos están muy avanzados”, explicó.
“Nada para la comunidad”
El gobernador Ricardo Quintela cuestionó fuertemente la aprobación de la Ley Bases en la Cámara Alta. Consideró que en el proyecto “no hay nada para la comunidad” y que el resultado se logró porque “entraron a trabajar elementos extraños de la política”. “Algunos lo denominan La Banelco, recordando cuando renunció Chacho Álvarez, puesto que hubo hechos de corrupción” lanzó.
En ese sentido criticó la designación de la Senadora neuquina Lucila Crexell como embajadora argentina ante la UNESCO.
“Otro de los que iba a votar en contra se le amplía la cantidad de secretarios y se le da dos directores. A otro que estaba dudoso se le dio la presidencia de Yacyretá, y así sucesivamente” apuntó Quintela. Y agregó: “No sé si ronda el delito, pero habría que averiguarlo para que la justicia actúe”. Quintela había aludido a la “Banelco” para referirse a lo que estalló en agosto de 2000, y que llevó a la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, el descrédito de la Cámara Alta y el comienzo de las turbulencias en el traumático gobierno de la Alianza.
La “Ley Banelco” fue una ley de reforma laboral aprobada en Argentina en abril de 2000, durante la presidencia de Fernando de la Rúa. La ley recibió este nombre debido a las acusaciones de corrupción que se hicieron sobre el gobierno de De la Rúa, quien habría pagado sobornos a senadores para que votaran a favor de la ley.
Comentarios