El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica, dictado por el Gobierno de Javier Milei, entrará en vigencia este viernes sin que la Justicia haya aún dado curso de manera favorable a reclamos de medidas cautelares que lo suspendan, en el marco de una treintena de amparos presentados por organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares.
En el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires había hasta el mediodía del jueves al menos 25 amparos y otros dos de la CGT y la CTA ante la justicia del Trabajo, según un relevamiento hecho por Télam.
El DNU 70 fue firmado por el presidente Javier Milei e integrantes del Gabinete nacional y publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último y por Ley entrará en vigencia ocho días más tarde, es decir, desde este viernes 29, salvo medida cautelar judicial que lo suspenda.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari rechazó disponer una precautelar de suspensión de los efectos del DNU en el proceso colectivo iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad porque “al día de la fecha, las disposiciones del DNU 70/2023 no han entrado en vigencia (cfr. arts. 5º y 6º CCyCN)”, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
Por su parte, la CGT apeló este jueves la decisión del juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet que desestimó el dictado de una medida cautelar “interina” que suspenda el capítulo IV del Decreto vinculado a la reforma laboral porque aún no entró en vigencia.
El magistrado concedió la apelación, habilitó días y horas inhábiles del 28 y 29 de diciembre y ya giró el expediente a la sala ocho de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
En el escrito de apelación, firmado por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña como secretarios generales de la CGT. se advirtió que “se trata de conjurar un acto de autoridad que impone una reforma laboral peyorativa sin recurrir al Congreso y que los afecta en los aspectos individuales y colectivos”, según el texto al que tuvo acceso Télam.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos que implica una profunda desregulación de la economía, propone un “plan de estabilización de shock”, deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas.
Al brindar un mensaje por cadena nacional, Milei aseguró que el DNU “contiene las reformas que comenzarán a destrabar el andamiaje jurídico e institucional opresor” y de esta forma se inicia el “camino de la reconstrucción” del país después de la “enorme crisis heredada”.
El DNU 70/2023 declara en su primer artículo “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”.
.En su segundo artículo, determina la “desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional” y otorga al Estado el poder de promover “un sistema económico basado en decisiones libres”.
Por lo tanto, “quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.
Además, con el objetivo de lograr la “inserción en el mundo”, el poder Ejecutivo “elaborará y/o dictará todas las normas necesarias para adoptar estándares internacionales en materia de comercio de bienes y servicios”.
El decreto contiene también medidas como la derogación de ley de Alquileres y de la ley de Abastecimiento, entre cientos de disposiciones.
Asimismo, incluye la derogación de leyes como la de “góndolas, Compre Nacional, observatorio de precios, las leyes de promoción de industrial y promoción comercial”, dijo el Presidente.
El DNU contiene también la eliminación de normativas que “impiden la privatización de empresas públicas” y del “régimen de sociedades del Estado”, para avanzar hacia la “transformación de todas las empresas del Estado para su posterior privatización”.
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