Gastón Mercado Luna, encendió las alarmas sobre los alcances que puede tener la implementación del nuevo régimen penal juvenil y llamó a repensar el enfoque con el que el Estado se prepara para aplicarlo. En diálogo con Radio La Ciudad, el funcionario planteó que el verdadero desafío no pasa únicamente por cómo se va a ejecutar la normativa, sino por cómo evitar que los adolescentes terminen atrapados en el sistema penal sin siquiera dimensionar las consecuencias de sus actos.
“Más que hablar como defensor y qué va a aplicar, creo que hay que educar y educar porque estamos hablando de casi niños”, sostuvo Mercado Luna, quien puso el foco en la falta de información que existe entre los jóvenes y sus familias respecto de qué conductas pueden derivar en una causa judicial. Como ejemplo, mencionó el caso de un adolescente que rompe una luminaria en la vía pública convencido de que se trata de una travesura, sin saber que esa acción puede abrirle un proceso penal.
El defensor aclaró que los delitos previstos para los menores son, en su mayoría, los mismos que contempla el Código Penal para los adultos, aunque el tratamiento y las consecuencias varían según la edad del imputado. Por eso, insistió en la necesidad de que el Estado llegue antes del conflicto y no después. “Quiero anticiparme, quiero ir a los colegios, quiero que vayamos a la radio, que veamos los medios de comunicación de ellos, que no son la radio, no son la tele, será con el teléfono”, graficó, en referencia a la urgencia de adaptar los canales de comunicación al mundo digital en el que se mueven los adolescentes.
El funcionario indicó que “Están en peligro los chicos, no está en peligro la sociedad”. Para Mercado Luna, buena parte de los jóvenes que hoy podrían quedar alcanzados por la nueva ley son, en realidad, víctimas de contextos de vulnerabilidad, violencia familiar o consumo problemático, y no una amenaza en sí misma para la comunidad. En ese sentido, diferenció esas realidades de las de aquellos adolescentes con contención familiar que ocasionalmente cometen conductas delictivas por desconocimiento o presión de sus pares, y remarcó que las políticas de prevención deben contemplar esas diferencias.
El defensor también amplió la discusión hacia un plano social más general, al hablar de “una sociedad enojada y desatenta”, donde una ley por sí sola difícilmente puede modificar comportamientos si no va acompañada de trabajo previo en las familias, las escuelas y los medios de comunicación.
Desde la Defensoría General, Mercado Luna propuso reforzar el acercamiento a las escuelas para explicar en un lenguaje accesible los alcances del nuevo régimen. “No solamente juicio por jurados para ver cómo vamos a meter preso a los chicos; también hay que ayudarlos”, planteó, y cerró con una definición que sintetiza su postura: “Hay que salvar a ese chico que alguna vez fuimos todos nosotros”.
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