La fragmentación de la tarifa del servicio de gas natural se determinará a través de la aplicación de una Canasta Básica Energética, debido a la «nueva conceptualización» de los subsidios. Este proceso se llevará a cabo de manera «gradual» a lo largo de tres meses, comenzando el 1° de febrero, trasladando progresivamente el precio mayorista a la factura final.
¿Quiénes pueden acceder a la tarifa social de gas?
La tarifa social de gas, destinada a que personas en situación de vulnerabilidad paguen a un precio más bajo los servicios públicos, se extiende a los siguientes grupos:
– Jubilados y pensionados.
– Trabajadores en relación de dependencia.
– Monotributistas.
– Beneficiarios de programas sociales.
– Personal de casas particulares.
– Monotributistas sociales.
– Personas que cobran la Prestación por Desempleo.
– Receptores de la Pensión Honorífica para Veteranos de la Guerra.
– Beneficiarios de una Pensión No Contributiva.
– Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, deben cumplir con ciertos requisitos:
1. Actualizar los datos personales y del grupo familiar en Anses.
2. Ser titular del servicio de gas natural o solicitar la Tarifa Social provisoria si la factura no está a su nombre.
3. En caso de cambio de titularidad, esperar 30 días para solicitar la Tarifa Social con el nuevo número de suministro.
4. Solo los usuarios residenciales pueden solicitar la tarifa social de gas.
5. Los ingresos brutos de la persona titular no deben superar 2 salarios mínimos, vitales y móviles, excepto para quienes tengan un CUD vigente.
6. No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, excepto para personas con CUD.
7. No poseer más de un inmueble.
8. No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.
¿Cómo acceder a la tarifa social de gas?
Aquellos que cumplan con los requisitos mencionados pueden solicitar la tarifa social de gas comunicándose al 0-800-222-7376 de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 20:00 horas. También pueden hacerlo a través de la página de Anses o la aplicación Mi Anses. Estos cambios en los criterios y procedimientos buscan adaptarse a la realidad económica del país y garantizar que aquellos en situación de vulnerabilidad tengan acceso a tarifas más accesibles
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