Se reanudó esta tarde el procedimiento de juicio político en la Cámara de Diputados con una nueva audiencia testimonial en el marco de la investigación por mal desempeño contra los jueces de la Corte Suprema por las presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
La comisión de Juicio Político presidida por Carolina Gaillard recibió en primer lugar a la jueza federal de San Martín, Martina Forns, cuyo marido Gabriel Macaggi falleció en julio de 2021 sin haber recibido una adecuada atención por parte de la obra social, que abandonó a su suerte al enfermo de coronavirus en medio de la pandemia.
La magistrada, afiliada al igual que lo estaba su esposo a la OSPJN, relató las desventuras que debió vivenciar cuando desde el CEMIC le informaron que el cuadro de salud de su marido se había complicado y que por ende debía trasladarlo a otro centro médico ya que allí no quedaban camas de terapia intensiva.
"Las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de la obra social y me dejó abandonada durante la pandemia", evocó.
Después de mover cielo y tierra, y sin haber conseguido que la obra social judicial se hiciera cargo de la responsabilidad de asignar una cama de terapia intensiva entre los centros de la cartilla médica, Forns logró a través de un contacto y por su cuenta que a Macaggi lo internaran en el Sanatorio Güemes, donde fue atendido.
Sin embargo, y pese a haber llamado todos los días a la obra social durante los dos meses y medio de internación de su marido, la magistrada nunca pudo saber si las prestaciones iban a ser cubiertas por la entidad médica judicial, o si iba a tener que "vender su casa para pagar la terapia intensiva".
"Yo insistía todos los días y las autoridades del Güemes me decían que ellos se comunicaban y que no había respuesta", narró con pesar la jueza, reviviendo la fatalidad que le tocó transitar.
Forns también comentó que en medio de su desesperación ante la falta de respuestas de la obra social recurrió a una de las secretarias del doctor Juan Carlos Maqueda "porque todos sabíamos que era el encargado de la obra social".
"Era el único que podía hablar con (el ex director de la obra social Aldo) Tonón para mover algún mecanismo, y de hecho lo hizo, porque finalmente la obra social cubrió" la terapia intensiva de Macaggi, resaltó.
"Yo nunca me enteré (de que estaba cubierta hasta después de que se muriera Macaggi). Fueron dos meses y medio de no saber nada", lamentó.
También señaló la contradicción de que si hay un litigio por parte de algún afiliado contra la obra social, quien debía resolver sobre esa demanda era la propia Corte Suprema, que justamente tenía a su cargo y cubría con personal propio la obra social.
"Es muy difícil pedirle a un litigante que está vulnerable que recuse a la Corte", enfatizó, y consideró que es "incompatible" que la Corte administre la obra social al mismo tiempo que se encarga de resolver las demandas de litigantes.
El testimonio más esperado de la jornada es el del ex administrador general de la Corte, Héctor Marchi, recientemente desplazado de su cargo a raíz de un exhaustivo informe de 18.000 fojas que dejó al desnudo el pésimo funcionamiento de la prestadora médica, cuyo control depende del máximo tribunal.
Su primera exposición ante la comisión en la audiencia de hace dos semanas y la contundencia de sus acusaciones generó movimientos sísmicos en la Corte y salpicaron fundamentalmente al juez Juan Carlos Maqueda, a quien identificó como responsable de la supervisión de la obra social, pero también al presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y a su vocero Silvio Robles por "las amenazas y aprietes" que recibió luego de entregar el informe.
También hizo mucho ruido su relato sobre la eliminación del correo electrónico del presidente de la Corte, que habría sido ordenada por Robles, lo cual se suma a las suspicacias que generó la sospechosa inundación del séptimo piso del Palacio de Tribunales que dejó inutilizable el despacho del asesor de Rosatti.
La exposición de Marchi había sido programada originalmente para el pasado miércoles 3 de mayo, pero debió ser reagendada para este martes a las 13 hs ya que ese día fue citado para brindar declaración indagatoria por el juez Ariel Lijo para dar explicaciones sobre el mismo caso.
En su primera visita a la comisión de Juicio Político, Marchi refrendó el informe que le había enviado a la Corte en el cual advertía que hubo pérdidas por 3.000 millones de pesos en un lapso de entre seis y ocho meses meses por no invertir el dinero remanente de la OSPJN en plazos fijos.
El remanente era abultado porque con la presidencia de Lorenzetti en la Corte se aplicó una política de sueldos altos y eso redundó en nutridos aportes a la obra social.
El contador informó a su vez que durante la gestión de Tonón no se implementó un sistema informatizado de gestión, y entre otros aspectos no estuvieron digitalizadas las autorizaciones médicas, lo cual llevó a demoras e incumplimientos con afiliados.
También planteó que la compra de medicamentos y prótesis se hacía por contratación directa y no por vía de un proceso de licitación transparente, al tiempo que "no había controles de ingresos ni de pagos", no había balances contables ni control de stock de medicamentos.
En tanto, Marchi denunció que se les pagaban aranceles muy bajos a los prestadores, lo cual había derivado en una disminución de los servicios de prestadores para los afiliados.
Y advirtió sobre vacancias en cargos clave como el de subdirector administrativo, subdirector médico y otras áreas importantes para el funcionamiento de una obra social.
Los otros testigos citados a declarar ante la comisión este martes son Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte Suprema; Nicolás Serafini, contador público encargado de firmar los balances de la obra social; y la jueza federal de San Martín, Martina Forns, cuyo marido falleció en medio de la pandemia en el marco de un presunto "abandono" de la obra social. Los primeros dos se habían ausentado la semana pasada.
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