El Rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Daniel Quiroga se expresó en la jornada de ayer a través de un comunicado oficial en el que expresó de manera tajante: “No puedo guardar silencio ante la gravedad de los hechos sucedidos en la Obra Social de la Universidad. Los actos cometidos el día de ayer (por el viernes), atentan contra la autonomía universitaria, reconocidos y amparados por nuestra Constitución Nacional”.
Dicha manifestación tiene que ver con el hecho acontecido el pasado viernes, cuando la Policía de la Provincia allanó la sede de la obra social OSUNLAR. El allanamiento se llevó a cabo a partir de una orden judicial dictada por el juez Daniel Barría y en este operativo la Policía incautó computadoras, entre otros elementos, tras la denuncia por usurpación de cargo de la suspendida presidenta María Corzo.
En este sentido, Quiroga subrayó que “lo acontecido, constituye un atropello a todo lo que, como Rector y como persona, debemos proteger y respetar como lo son, las normas y la comunidad universitaria. Es mi deseo y mi obligación el mantenimiento del Orden y el respeto por esta institución que tanto amamos, por lo que instruí a la Secretaría Legal y Técnica del Rectorado a realizar la denuncia de los hechos por las vías correspondientes”, en tanto que expresó su solidaridad “con la angustia de las personas de la Obra Social y de la Universidad presentes en el hecho”.
En este marco, concluyó: “ante la gravedad institucional de los mismos y que es responsabilidad como Consejo Superior preservar el patrimonio de la universidad, convoco a una Sesión Extraordinaria del Consejo Superior en forma bimodal para el día 2 del corriente mes de julio, para el análisis de los hechos por parte de los Consiliarios y Consiliarias del máximo órgano de gobierno, para la toma de decisiones”, concluyó.
“Atropello”
Luego del allanamiento que tuvo lugar el pasado viernes en horas del mediodía, la encargada del área de Reciprocidad, Mariela Prietto, expresó ante los medios de comunicación que “esto es un atropello, es una medida que no corresponde porque la obra social tiene jurisdicción federal, debe intervenir la Justicia Federal y no la Justicia Provincial. Somos competencia del fuero federal y acá está la Policía de la Provincia”. Por otra parte, Prietto se refirió a la situación de la ex titular de OSUNLAR, María Corzo y aclaró que la funcionaria fue apartada del caso y no expulsada.
“Acá el único órgano que tiene la potestad de destituir a cualquier autoridad de la obra social es el Consejo Directivo de la OSUNLAR. A la gestión anterior quien la apartó fue el Consejo Directivo por unanimidad. Hay un apartamiento del cargo a la conducción anterior hasta tanto una comisión Ad Hoc investigue lo sucedido en la obra social. Corzo fue apartada de manera legal por el órgano competente», señaló.
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