La decisión del gobierno de Javier Milei de aumentar al 8% las retenciones a las exportaciones de vino generó malestar en la industria vitivinícola y el Gobierno de Mendoza también hizo pública su preocupación. Este martes, el secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella, se reunirá con representantes de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y un representante del Gabinete del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, quienes pedirán dar marcha atrás con la medida.
Vilella recibirá esta tarde al presidente de Coviar, Mario González, y el gerente de la entidad, Carlos Fiochetta, y también participará del encuentro el ministro de Producción provincial, Rodolfo Vargas Arizu.
Desde el Ejecutivo provincial adelantaron que en la reunión se tratará el 8% de retenciones a las exportaciones al vino que busca implementar el Gobierno nacional, medida cuestionada desde la provincia y desde el sector vitivinícola.
Días atrás, el equipo de Cornejo solicitó retrotraer al 0% las retenciones a las exportaciones de productos vitivinícolas. “Desde el Gobierno de Mendoza se considera que la única salida para mantener la estructura productiva actual y evitar problemas de excedentes vínicos que repercutan en la rentabilidad y sostenibilidad del sector en su base primaria es la exportación. Para ello, es imperioso que el equipo económico del Poder Ejecutivo Nacional revea la situación y establezca una alícuota para los derechos de exportación de los productos vitivinícolas del CERO POR CIENTO (0%)”, expresaron en una comunicación oficial.
En este sentido, advirtieron que la medida anunciada traerá como consecuencia “un proceso de contracción en sus ventas totales, que derivará en acumulación de stocks y la disminución de precios pagados a los productores y elaboradores”.
Desde el Gobierno provincial argumentan que las retenciones de 8% significan para el Estado Nacional un ingreso de 60 millones de dólares por año, lo que equivale, según sus cálculos, al 0,005% del Gasto público de la Administración Nacional. Remarcan que con este nuevo gravamen no se alcanzaría una recaudación significativa, por lo que el cero por ciento en la alícuota de los derechos de exportación sería la “decisión correcta”.
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