Dos mujeres se encuentran siendo investigadas por delitos reiterados, en uno de los casos, es por más de dos estafas en Chamical, aunque la detenida se encuentra con el beneficio de la prisión domiciliaria debido a que cursa el octavo mes de embarazo. En el otro caso, un juez dispuso un bozal legal para una madre que acusaba a su expareja de deber los alimentos de sus hijos en redes sociales.
Personal del Departamento de Investigaciones de Chamical, División Robo y Hurto, realizó en la tarde del jueves la detención de una mujer en el marco de una causa judicial por estafa. El procedimiento se concretó alrededor de las 14.30 horas.
La detenida fue identificada como M.E.C., con domicilio en el barrio Rosedal, quien se encuentra sindicada como presunta autora del delito de estafa, tipificado en el artículo 172 del Código Penal Argentino, en perjuicio de la ciudadana Rita Siriaca Nieto.
Tras cumplirse los requisitos legales y luego de ser examinada por el médico forense de la III° Circunscripción Judicial con asiento en Chamical, la Justicia dispuso que la imputada cumpla la medida bajo el beneficio de arresto domiciliario, debido a que cursa un embarazo de ocho meses, permaneciendo detenida en su vivienda y a disposición del Tribunal interviniente.
Alerta a la comunidad
Desde las fuerzas de seguridad se reiteró el llamado a extremar las medidas de precaución ante posibles maniobras de estafa, especialmente aquellas realizadas a través de mensajes, llamados telefónicos, redes sociales o transacciones comerciales informales.
Se recomienda no brindar datos personales ni bancarios y realizar la denuncia inmediata ante cualquier situación sospechosa en la dependencia policial más cercana.
Prisión domiciliaria
El abogado defensor de la mujer, Nicolás Díaz dialogó con un medio local y comentó que, a su clienta “se la acusa aparentemente por unas compras de comercio de electrodomésticos en la ciudad, luego la gente aduce que aparecieron consumos con su tarjeta en otra plataforma, y relacionan esa operación con otras que se realizaron en esa casa de comercio”.
“Denunciaron a dos personas, a mi representada y a otra empleada. Cuando esto se hace, se denuncia esa situación, es la clienta la que comentó que se hizo la denuncia pertinente y la tarjeta no paga. La denuncia fue motorizada por ella misma, para que se desconozca la compra, y se haga la denuncia. Por esa razón la defiendo”, expuso.
Sostuvo que, “puede haber innumerables acciones como tener conversación con alguien. Esto es común en cárceles, centros de detención y estafas virtuales”.
“Son varias las denuncias contra las maniobras de la empresa. Estamos a la espera de un informe, que será determinante como pericias a los teléfonos de los denunciantes”, argumentó.
Y agregó que, “mi clienta está en prisión domiciliaria porque cursa el octavo mes de su primer embarazo”.
La condena social
El abogado reflexionó en el manejo de redes y cómo afecta a su clienta el hecho de haber sido mencionada a través de diferentes denuncias públicas, recibiendo una condena social. “Las redes sociales han matado a esta persona, lamentablemente. La condena social ya está y es muy difícil volver después de eso”.
“Ella estaba a punto de salir de licencia por maternidad, hoy hablé con uno de los gerentes, y claro que corre riesgo su empleo, su fuente de empleo, un hijo por nacer. Entiendo a los damnificados ciento por ciento, pero si fue una estafa transversal, ¿cómo vuelve ella?”, cuestionó.
Bozal legal y cese de escraches
La Justicia provincial dictó una medida autosatisfactiva para proteger el “interés superior de las menores” frente a la exposición del conflicto familiar. La resolución del juez Edgar Miranda prohíbe cualquier publicación agraviante contra el padre bajo apercibimiento de sanciones económicas automáticas.En una resolución que marca un fuerte precedente sobre la violencia digital en conflictos de familia, la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja ordenó el cese inmediato de agresiones públicas en una causa que involucra a menores de edad. El juez Dr. Edgar Alberto Miranda, a cargo de la Sala Unipersonal N° 5, hizo lugar a una medida autosatisfactiva solicitada por un padre que denunció la exposición y difamación constante por parte de su expareja.
El fallo, fechado este 20 de enero de 2026, pone el foco en la protección de la integridad de las niñas, víctimas indirectas de la guerra mediática entre adultos.
El magistrado ordenó a la madre “abstenerse de expresarse respecto del actor”, prohibiendo terminantemente el uso de cualquier medio de comunicación masivo —con énfasis en “redes sociales de todo tipo”— para lanzar mensajes que sean “insultantes, ultrajantes, innecesariamente groseros o hirientes”.“Sanción conminatoria” por cada posteo
La medida judicial no se queda solo en la advertencia: el juez Miranda impuso una sanción económica directa para garantizar el cumplimiento. Según el documento notificado ayer, si la demandada desobedece la orden y realiza nuevas publicaciones —directas o indirectas— que permitan identificar o agredir al padre, se le aplicará una multa de $100.000 por cada infracción.
La resolución busca frenar la viralización de la intimidad familiar y resguardar la psiquis de las menores, estableciendo un límite legal claro ante el uso de Facebook, Instagram o X como herramientas de escrache en disputas parentales.
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