El Gobierno creó una Comisión para recibir y analizar denuncias sobre violencia institucional en Jujuy durante y después de las protestas contra la reforma de la Constitución provincial.
La medida fue adoptada por el presidente Alberto Fernández a través del Decreto 435/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
Se trata de la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en la Provincia de Jujuy, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos.
De acuerdo al texto publicado, estará integrada por un mínimo de cinco y un máximo de siete representantes, quienes se desempeñarán con carácter ad honorem.
Entre los objetivos de la Comisión se encuentra "receptar las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de la protesta contra la reforma constitucional" local.
Además, también deberá "recopilar las observaciones formuladas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unida para los Derechos Humanos (ACNUDH), relativas a la actuación de la fuerza policial provincial durante las protestas llevadas a cabo por las diversas organizaciones sociales, sindicales, comunidades indígenas y demás ciudadanos en Jujuy".
La meta es elaborar un informe en un plazo máximo de 60 días para elevarlo a Congreso y la Corte Suprema de Justicia, "conjuntamente con las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos".
Por los tiempos establecidos, el informe final sobre los hechos de violencia institucional en Jujuy podría tener impacto en el final de la campaña electoral antes de las generales del 22 de octubre o, de publicarse luego, en la antesala a un eventual balotaje.
El coordinador de la Comisión será el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski.
La reforma de la Constitución jujeña generó un importante rechazo de la población de la provincia norteña, que derivó en movilizaciones, cortes de ruta y serios incidentes durante varias semanas. La situación fue repudiada por el Gobierno nacional, que luego judicializó la modificación de la Carta Magna provincial e intervino el PJ de Jujuy por haber apoyado las reformas.
Quiénes integrarán la Comisión
Según se informó en el decreto, los integrantes serán el propio Przybylski; la titular de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, Gabriela Kletzel; y por expertos de reconocida trayectoria en materia de derechos humanos, quienes serán designados por el ministro de Justicia, Martín Soria.
Además, se invitó a los organismos de derechos humanos internacionales a designar un representante para oficiar como veedor del desarrollo de la Comisión.
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