La resolución 1240/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial, establece que el personal afectado corresponde a empleados de planta permanente con estabilidad adquirida, como parte de la transformación del INTA en un organismo desconcentrado, la disolución del INASE y la reconversión del INV bajo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La medida generó críticas inmediatas de legisladores de la oposición. Guadalupe Tagliaferri (PRO) cuestionó que, horas después de que el Senado rechazara el decreto, el Gobierno dispusiera la puesta a disposición de 367 trabajadores, en su mayoría profesionales. Por su parte, la diputada kirchnerista Julia Strada calificó la resolución de “ilegal” a través de sus redes sociales.
El Gobierno defendió la reforma alegando que el INTA había sido desviado de su propósito original y utilizado con fines políticos, señalando que los cambios buscan alinear el organismo con las necesidades reales del sector agroindustrial y mejorar la eficiencia de sus 6.059 agentes y un presupuesto anual aproximado de $229.000 millones.
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