Michelle Youayou, una mujer africana de 45 años y ciudadana francesa que llegó a la Argentina con sus dos hijos en 2016 para alejarlos de su progenitor luego de que le confesaron que había abusado sexualmente de ellos, comenzará a ser juzgada el miércoles próximo como acusada de secuestro y con orden de captura internacional, por lo que organizaciones sociales y activistas reclamaron su absolución.
"Esto no es solo para Michelle y quizás, lamentablemente, lo hemos naturalizado porque no le pasa solo a ella, le pasa al 99% de las mujeres madres que denuncian abuso sexual o violencia en nuestro propio país", dijo a Télam Sara Barni, representante legal de la mujer acusada y presidenta de la asociación civil Red Viva, que defiende a niños, niñas y adolescentes.
Michelle Youayou, nacida en Costa de Marfil en el continente africano, llegó a Francia a sus 12 años en una situación de "extrema pobreza, con unos tíos, y allí se naturalizó", explicó Barni a esta agencia y contó que en ese país conoció a un ingeniero civil francés (al que identifican con las siglas P.D.T) en el transporte público, con quien comenzó una relación sentimental y con quien tuvo dos hijos actualmente de 12 y 14 años.
Años después, la mujer lo denunció por maltrato hacia ella y posteriormente su hijo mayor, de entonces 5 años le relató situaciones de abuso de parte de su padre.
"Los chicos le empiezan a contar que en las visitas que le hacían, vivían abusos. Ella lo denuncia, llegan a un juicio y a él lo absuelven. En Francia, si el padre se niega a hacer pericias sobre los chicos el juez se lo otorga, que es lo que ocurrió. Michelle tenía que pagar una pericia y no tenía los recursos para apelar la absolución", explicó Barni.
La Justicia francesa otorgó una tenencia compartida, que Michelle decidió no hacer cumplir y "cuando le estaban por dar la custodia definitiva a él (debido al incumplimiento), ella se vino con los niños a la Argentina porque no podía entregar sus hijos a un hombre que estaba haciendo lo que hacía", agregó la letrada.
Una vez en el país, la mujer se presentó en el Consulado de Francia, se comunicó con la policía de su país para informar que "no quería secuestrar a sus hijos sino protegerlos" y escolarizó a los niños en el liceo francés Jean Mermoz, en Buenos Aires.
En Francia, el Servicio médico psicológico de la Fiscalía de Evry había sostenido en dos informes que los dichos de ambos niños "evocan abusos sexuales", y que la madre de una compañera de uno de ellos dio cuenta de que el niño le contó a su hija la misma situación que relató a su madre y ante la policía francesa.
En Argentina, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes emitió un informe, luego de conocer el caso y entrevistar a los hijos, en el que recomendó que "debería tenerse en cuenta la voluntad de los niños de no retornar a Francia y ponderar la prueba de manera conjunta".
En la misma línea se pronunciaron el médico psiquiatra Claudio Suárez y la psicóloga Graciela Pozzo en las pericias realizadas.
"La exposición a la revinculación con el padre, P.D.T, en este momento de su crecimiento, comprometería el desarrollo de su psiquismo para toda la vida", sostuvo Suárez en un informe sobre el hijo menor; mientras Pozzo indicó la "no restitución de (el niño) a su progenitor, ya que la cercanía de éste constituye un severo riesgo para la integridad psicofísica del niño, que ya está dañada".
Sin embargo, la exjueza Nacional en lo Civil, Celia Giordanino, hizo lugar al pedido de restitución de los niños a Francia ya que no advirtió que esto "exponga a los menores a un peligro grave físico o psíquico o a una situación intolerable" y no la apartó de esta decisión "el hecho de que los niños (...) manifestaran no querer retornar a Francia" debido a que, para ella, se trató de una "retención ilícita claramente configurada".
"A partir de ahí, Michelle estuvo viviendo de la buena voluntad de lo que las compañeras pudieron juntar, en hoteles, juntando comida. Recibe una ayuda del Consulado y no tiene derecho a hablar con sus hijos por teléfono", describió Barni sobre la mujer que es atendida por el psiquiatra Enrique Stola debido a que "estuvo en estado depresivo mucho tiempo".
Su defensora agregó que "su pasaporte lo tiene el Juzgado, y sin documentos no pueden atenderla en hospitales salvo que sea una emergencia", lo que para ella es como "haber desaparecido como persona".
El juicio donde se la acusa del delito de sustracción de menores y desobediencia a funcionario público comenzará el miércoles 21 de febrero en el Tribunal Oral en lo Criminal 22, ubicado en el piso 6 de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, y continuará el 28 del corriente y el 6 de marzo.
"Michelle estaba convencida de que quería proteger a sus hijos, no hubo premeditación de obstrucción de vínculo", concluyó la abogada.
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