El también profesor de Política Latinoamericana (UBA) y Estado, Sociedad y Universidad (UNA) señaló que la política de ajuste a las casas de altos estudios afecta, en principio, a 170 mil docentes, 45 mil no docentes, 57 universidades nacionales y más de dos millones de estudiantes universitarios en todo el país.
La principal política del Ejecutivo en el sector fue la licuación, prorrogaron el presupuesto del 2023 en el marco de un contexto inflacionario de más del 50% acumulado entre diciembre y enero (el 70% en alimentos, según el Banco Central de la República Argentina) y un 254,2% en su medición interanual (de enero de 2023 a enero 2024). Esto pone a las universidades “en la cornisa”.
Además, detalló Montero, la educación superior en Argentina recibió un ajuste en los salarios. “El gobierno, de manera uniletal y arbitraria, sólo agregó un 6% de aumentó sobre lo acordado en la paritaria del 2023”, subrayó el profesor en diálogo con Campana en 750.
Sumado a esto, los recortes también llegaron a los estudiantes a través de eliminación de becas y a graduados y docentes que se vieron afectados por el guadañazo en el presupuesto de investigación que, en Argentina, se realiza en un 90% en las universidades públicas en articulación con instituciones como el Conicet.
Con información de El Esquiú
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