La controversia gira en torno al proyecto Josemaría, ubicado en San Juan, que representa uno de los yacimientos de cobre y oro más grandes del país. Quintela recordó que históricamente “fue riojano”, cuestionó el convenio firmado entre ambas provincias y sostuvo que esa situación debe ser revisada.
Orrego, declaró este lunes en una rueda de prensa, que “el fundamento de Quintela está totalmente desvanecido” y defendió la jurisdicción sanjuanina del yacimiento: “Se trata de un convenio resuelto hace mucho tiempo, por dos gobernadores de la provincia y una ley representada por el Congreso de la Nación”.
El origen de la disputa resurge a partir de las declaraciones de Quintela, quien reavivó una antigua discusión limítrofe a fines de octubre con el objetivo de “recuperar los límites históricos” que, según afirmó, fueron modificados de manera “ilegítima”. El gobernador apuntó directamente contra un acuerdo firmado hace décadas entre los entonces gobernadores Carlos Enrique Gómez Centurión (San Juan) y Guillermo Domingo Iribarren (La Rioja), el cual tildó de “ilegal e ilegítimo”.
El planteo no es nuevo. Ya en 2021, cuando Quintela solicitó “participar” en el cobro de regalías, el entonces secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, había advertido que la postura del gobernador “altera el orden jurídico minero". El peronista sanjuanino Hensel, en aquel momento, había defendido que el proyecto fue desarrollado “íntegramente por el gobierno de San Juan”.
Desde la perspectiva local, el reclamo no es sólo territorial, sino político y económico: Quintela busca que La Rioja participe de las regalías y beneficios de la inversión minera, que considera “nos fue sustraída”. Orrego lo refuta al sostener que el acuerdo originario es “inobjetable”.
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