l presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, convocó a ese cuerpo para poner en tratamiento los proyectos de movilidad jubilatoria que ya tienen dictamen en la comisión de Previsión Social.
La citación es para el miércoles próximo a las 16 y la idea es abordar las distintas iniciativas que proponen alternativas superadoras a la recomposición parcial que estableció el Gobierno a través del DNU 274/24, en la que modificó el cálculo para la actualización de haberes tomando el IPC como coeficiente de variación.
A través de la esa resolución, que plasmó el ajuste mensual de los haberes, se fijó un cronograma de transición hasta que la nueva fórmula de movilidad esté plenamente vigente a partir del mes de julio.
Por presiones de sectores de la oposición dialoguista, que incluyó una sesión fallida pedida por Hacemos Coalición Federal y amenazas de emplazamiento, el oficialismo aceptó constituir la comisión de Previsión Social y le cedió la presidencia a la radical Gabriela Brouwer de Koning.
La cordobesa estableció una hoja de ruta que terminó en varios dictámenes, pero Espert se negó a convocar a Presupuesto para hacer plenarios conjuntos, por lo que el tratamiento quedó a mitad de camino (los proyectos necesitan el dictamen de ambas comisiones para llegar al recinto).
Ya cumplimentado el objetivo primordial que perseguía el Gobierno, se dio luz verde para que la comisión de Presupuesto pudiera sesionar otros temas y por eso Espert recién el viernes pasado hizo oficial la convocatoria para debatir la actualización jubilatoria.
En Previsión Social se avalaron tres dictámenes: el de mayoría terminó siendo el de Unión por la Patria, que propone una recomposición inicial del 30% del poder adquisitivo de los ingresos de jubilados y pensionados, y sobre esa base mantiene la actualización de acuerdo a la fórmula que conjuga variación salarial y recaudación de ANSES (la fórmula de Alberto Fernández), pero sumando adelantos mensuales atados a la inflación.
La UCR y Hacemos Coalición Federal firmaron un dictamen de minoría proponiendo un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, y actualización mensual por IPC, con adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación. Además, establece una recomposición del 8,1% para que junto al 12,5% que fijó el Gobierno por decreto se totalice un 20,6% correspondiente a la inflación de enero.
El dictamen de minoría del Frente de Izquierda prevé que la jubilación mínima en ningún caso esté por debajo del monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor, y propone una actualización de haberes tomando alternativamente el IPC o el RIPTE, según cual Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual resulte más favorable.
Además, asegura el 82% móvil para todos los jubilados. La Libertad Avanza y el PRO no firmaron ninguno de estos dictámenes y se aferran a los dispuesto en el decreto 274/24.7
Presupuesto universitario
Aunque todavía no está convocada formalmente, el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, se comprometió a citar a ese cuerpo el próximo martes para continuar con el tratamiento de proyectos sobre financiamiento universitario, en medio de la crisis de ahogo presupuestario que motivó una multitudinaria marcha de la comunidad docente y estudiantil en todo el país.
También podría abordarse proyectos para el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) cuyas transferencias fueron interrumpidas por el Gobierno de Javier Milei.
“Vamos a hacer una informativa el 7 de mayo, otra el 14 de mayo y ahí vemos si pasamos a una de diputados y si estamos para dictaminar. Veamos si para el 16 podemos dictaminar”, anunció Finocchiaro el jueves pasado al definir los trazos de una hoja de ruta tentativa.
Y agregó: “Sobre FONID estoy armando el temario para la próxima reunión de asesores”. En la activación de esta comisión temas tallaron con fuerza los bloques de la UCR y Hacemos Coalición Federal, que presionaron a Finocchiaro para que pusiera en agenda estos temas.
Para la primera reunión del 7 de mayo está prevista la presencia del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, para que explique la posición del Gobierno sobre este conflicto por el horadamiento de los recursos para sostener los gastos administrativos, edilicios y sueldos en las casas de estudio.
Más allá de si la comisión de Educación cumple con los plazos previstos para dictaminar, los tiempos podrían estirarse si el presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, sigue resistiendo a convocarla para tratar estos temas.
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