Ante el desmedido crecimiento de la entrega de Pensiones por Invalidez, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está intentando avanzar con una auditoría y no descarta acudir a la justicia para que se investigue a funcionarios nacionales y provinciales, médicos y hasta gremialistas que hayan estado involucrado en su otorgamiento.
Es que desde el año 2003 hubo un aumento del 1.500% de las pensiones, cuyo valor equivale al 70% de una jubilación mínima.
Patricio Canalis, economista Idesa, dijo que hoy, hay un total de 1.200.000 beneficiarios de la pensión por invalidez, cuando en 2003, apenas eran unos 77.000. “Este crecimiento no se explica ni por el crecimiento poblacional, ni por otra cosa y al año le cuesta al Estado 2.200 millones de pesos, que serían más o menos medio punto del PBI”, explicó.
“Eso es lo que gasta el Estado en una Tarjeta Alimentar o un AUH, que serían los planes más cuantiosos que administra el Estado Nacional. Con lo cual es una cifra importante como para presentar estos desmanejos”, advirtió.
El desmadre en la entrega de pensiones sólo se explica por un mecanismo de asignación que posibilitaba que se falseen datos, mientras que desde el Gobierno se hacía poco por detectar estos casos irregulares. “Esto sencillamente era como que se daba una señal desde el orden nacional, de que los punteros políticos en distintos puntos del país podían ofrecer estas pensiones, médicos certificaban falsedades, y así se viene extendiendo desde hace 20 años”, detalló.
Canalis explicó que el circuito empezaba con la persona yendo al hospital público, la mayoría provinciales, solicitaban un Certificado Médico Oficial, que es donde se constata la discapacidad o una disminución mayor al 76%, un médico firmaba y un funcionario provincial hacía poco por controlar.
Si bien ahora la entrega del beneficio es manejada por la ANDIS, en la época que mayor creció el número de pensiones, fue entre el 2009 y el 2014, cuando su otorgamiento lo manejaba el Ministerio de Desarrollo Social. Por eso, se estima que detrás de esta entrega se encuentran punteros políticos. Si bien se esperaba que se hiciera un control de la situación de vulnerabilidad de las personas, de su patrimonio y demás, aparentemente a nadie del Estado le llamó la atención el crecimiento desorbitante de estos números, y tampoco se controló como debía.
En este marco, el analista de Idesa indicó que hay provincias del norte donde la cantidad de beneficiarios supera la media nacional (2.6% de la población). Por caso, en Chaco el 9% tiene una pensión por invalidez, en Santiago del Estero hay un 8%, en Formosa un 7%, y a su vez hay pueblos que llegan al 38%. “Esto ya lo había detectado Macri en el 2016, había pueblos que tenían el 38% de los beneficiarios de la población, con un plan, con una pensión, con lo cual, si no hubo una guerra, una catástrofe natural, es imposible tener estos valores obscenos de un año para el otro”, planteó.
Los datos, demuestran que Argentina tiene el doble de pensiones que en Brasil, un 2.5% más que en Uruguay y un 5% más que en Chile.
En este marco, para Canalis, el certificado falso por discapacidad perpetúa la pobreza, porque esa persona va a depender eternamente de un puntero político y no va a poder acceder a un empleo formal.
La entrega de pensiones por invalidez a quienes no la necesitan ejerce, además, una presión sobre el sistema previsional: "Se necesita el aporte de dos trabajadores activos por cada pensión falsa de discapacidad", afirmó Canalis. “La salida es el empleo y te están llevando por otro camino”, cuestionó.
Por último, dijo que se estuvo usando la pensión por invalidez como un plan social.
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