Reclamaron dar una “batalla cultural” en defensa del trabajo, la democracia y los consensos, y propusieron estrategias colectivas para proteger derechos y fortalecer el desarrollo local.
Alfredo Arana, titular de ATE La Rioja, remarcó la necesidad de sostener el diálogo y el consenso entre el ámbito público y privado. “Estamos ante una política de destrucción masiva de todo lo que tiene que ver con el Estado nacional, con consecuencias gravísimas que muchos aún no dimensionan”, advirtió. Indicó que los más de 54 mil despidos registrados a nivel nacional afectan áreas clave como ciencia y técnica, seguridad, transporte, educación y producción.
Arnol Díaz, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), también señaló que “más del 50% de la población trabaja en la economía popular, y ese sector parece haber sido elegido como enemigo por el gobierno nacional”.
El decano de la UTN, José Nieto, señaló que desde la universidad se trabaja en sectores emergentes como la minería, y destacó la importancia de repensar la participación colectiva. “Hoy vivimos un sistema perverso que busca el déficit cero a costa del desfinanciamiento del Estado. Es aquí donde debemos construir consensos y políticas públicas sostenibles”, afirmó.
En la misma línea, Juan Carlos Serrano, vicepresidente de UNIR, señaló que “la actividad económica está muy deprimida y los sectores más afectados son los más importantes para la provincia”.
Desde la Cámara Olivícola Riojana, en tanto, Diego Andrada planteó la necesidad de tener una mirada de largo plazo. “Estamos en un momento crítico. Necesitamos una visión estratégica para que las próximas generaciones encuentren una provincia mejor. El diálogo debe ser el camino”, afirmó.
Finalmente, Francisco Brizuela Montenegro, presidente del Consejo de Abogados, advirtió sobre el debilitamiento institucional y aseguró que “estamos en una democracia de baja intensidad, en riesgo constante. Se gobierna con decretos, sin respetar el marco del Estado de derecho, lo cual es una amenaza directa a las libertades”.
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