El acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo constituye una práctica institucional consolidada a lo largo del tiempo, que nunca fue interrumpida de manera generalizada, y que resulta esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de gobierno.
ADEPA advierte que la existencia de una investigación judicial en curso, así como eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos, no justifican la adopción de medidas de carácter general que afectan el normal ejercicio del periodismo ni deben derivar en restricciones colectivas que limiten el acceso a la información pública.
La decisión adoptada, además, impacta directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales del sistema democrático.
ADEPA insta a las autoridades a revisar de manera urgente esta medida y a restablecer las condiciones habituales de trabajo para los periodistas acreditados, en resguardo de la transparencia institucional y del pleno ejercicio de la libertad de prensa.
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