El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció la creación del Sistema de Protección Administrativa de Denunciantes y Testigos, una iniciativa que apunta a proteger a quienes decidan denunciar delitos o irregularidades dentro de las Fuerzas Federales. El nuevo sistema representa un paso concreto en favor de la transparencia institucional y la integridad de los cuerpos de seguridad.
La medida garantiza que ningún efectivo sufra represalias por cumplir con su deber. En este sentido, se establecen controles para impedir que las condiciones laborales, los ascensos o los traslados de los denunciantes sean modificados sin autorización expresa del Ministerio.
Además, se define como represalia todo acto que afecte el desarrollo profesional del denunciante o genere un ambiente laboral hostil, protegiendo así a quienes decidan dar un paso al frente frente a hechos de corrupción o malas prácticas internas.
Como parte del sistema, también se crea el Registro Único de Protección Administrativa (RUPAd), una base de datos centralizada que asegura el seguimiento ministerial y la trazabilidad de cada caso, fortaleciendo los mecanismos de control y supervisión.
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