La crisis desatada por la intervención de Ueno Bank en Paraguay sumó un nuevo capítulo político. Un grupo de legisladores opositores presentó este miércoles una moción para destituir al presidente Santiago Peña, a quien cuestionan por presunta mala conducta y conflicto de intereses. El planteo apunta a los vínculos que el mandatario mantuvo con la entidad antes de llegar a la Presidencia.
La iniciativa consiguió el respaldo de 35 legisladores y el Congreso volverá a reunirse este jueves para continuar el debate. Sin embargo, el pedido todavía necesita reunir 53 votos para avanzar con la salida del jefe de Estado.
El cuestionamiento se concentra en que Peña formó parte del directorio de Ueno Bank hasta el año pasado. La intervención de la entidad por parte del Banco Central de Paraguay (BCP) reavivó las críticas por esa relación, en un momento en que miles de clientes esperan saber cuándo y cómo podrán recuperar el dinero depositado.
La crisis también alcanzó a la conducción del organismo regulador. Tras la intervención, Peña pidió la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo, y designó en su reemplazo a Pedro De Jesús Acosta. La decisión generó cuestionamientos por la cercanía previa entre Carvallo y Ueno Bank: antes de llegar al Banco Central, había estado al frente de la entidad.
Mientras la oposición busca avanzar con la destitución presidencial, el Gobierno sostiene que se trata de un problema puntual y no de una crisis general del sistema financiero paraguayo. Peña aseguró que los responsables deberán responder ante la Justicia.
"Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay", anunció Peña, a la vez que propuso una ley para acelerar la devolución de los ahorros de Ueno Bank. La inciativa se financiaría con los fondos públicos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de las demás cajas jubilatorias estatales.
"Confío en que el Banco Central del Paraguay implementará de forma inmediata esta Ley y agradezco al Congreso Nacional por el tratamiento responsable y comprometido", sostuvo.
Qué pasó con Ueno Bank y el "corralito" en Paraguay
El Banco Central de Paraguay dispuso el martes la intervención de Ueno Bank, una de las entidades financieras más importantes del país, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la regulación.
El banco no contaba con el respaldo financiero mínimo que exige la normativa para seguir operando con normalidad. Por eso, el organismo regulador activó un procedimiento de resolución para revisar la situación de la entidad, proteger sus activos y determinar cómo se devolverán o transferirán los depósitos.
La medida dejó a millones de clientes sin acceso a los servicios del banco, entre ellos las operaciones con tarjetas, transferencias y movimientos a través de la aplicación. Para muchas familias, el problema no es solamente la incertidumbre sobre el futuro de la entidad: también es la imposibilidad de disponer del dinero que utilizan para pagar gastos cotidianos, salarios y compromisos comerciales.
Aunque en Paraguay se habla de un "corralito", la situación no es idéntica a la que atravesó la Argentina en 2001. En este caso, la restricción está vinculada con la intervención y el proceso de resolución de una entidad financiera, no con una medida general que alcance a todos los bancos del país.
Uno de los puntos que más preocupa a los ahorristas es el alcance de la garantía de depósitos. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos por persona y por entidad, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes, unos USD 38.300. Según las estimaciones difundidas durante la crisis, alrededor del 97% de los depositantes tendría sus ahorros completamente cubiertos por ese mecanismo.
La garantía, sin embargo, no implica que el dinero esté disponible de inmediato. El procedimiento contempla un plazo de hasta 15 días, prorrogable por otros 15, para concretar el pago. En paralelo, el Senado dio media sanción a un proyecto para habilitar un adelanto de hasta 40 salarios mínimos a los depositantes, una iniciativa que pasó a la Cámara de Diputados.
La dimensión del problema excede a los clientes particulares. Entre los afectados también hay comercios, empresas y organismos que operaban con la entidad. El Instituto de Previsión Social (IPS), por ejemplo, tenía alrededor de 32.000 jubilados y pensionados como clientes de Ueno Bank, mientras que también se señalaron posibles impactos sobre fondos vinculados con empresas y organismos públicos.
En las calles de Asunción, la incertidumbre se tradujo en reclamos de ahorristas que exigen recuperar sus depósitos. La crisis financiera, que comenzó con el deterioro de la solvencia de una entidad, ahora combina una disputa por el dinero de los clientes con un conflicto político que llegó hasta el Congreso.
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