Con un gobierno nacional que está en retirada, y un presidente de la República que ha optado por presentarse como una figura decorativa y que ha abandonado toda aspiración ejercer su rol como poder ejecutivo, la crisis de gobernabilidad se ha acelerado de cara a las elecciones generales de octubre y noviembre, así como con la asunción del nuevo gobierno, sea quien fuere. Serán meses de enorme complejidad por los problemas que se multiplican: inseguridad, violencia, saqueos, inflación incontenible, devaluación, dificultades en la cadena de pagos, incertidumbre y crisis política: es la sumatoria de todas las crisis que hemos vivido en decenios anteriores, concentrados en una misma tormenta.
Hay planetas de nuestro sistema solar en los que se han detectado tormentas que duran siglos, como Júpiter y Saturno; el nuestro es más benigno, por ahora. Argentina, como nación, tiene tormentas cíclicas que destruyen el ahorro y la inversión, y que por consiguiente nos bajan más escalones en la generación y acumulación de riqueza. Cada una de estas crisis políticas y económicas nos hace más pobres estructuralmente, con consecuencias sociales muy graves para varias generaciones.
Ya podemos afirmar que estamos ante una crisis de gobernabilidad: la ciudadanía ya no confía en la capacidad de las instituciones gubernamentales para dar respuesta a las demandas básicas. Ese círculo vicioso puede llevar a la ruptura del contrato social, un pacto tácito por el cual hemos delegado en el Estado la salvaguardia de nuestros derechos más fundamentales. Fueron varios los autores que en el pasado teorizaron sobre un estado de naturaleza en la que los seres humanos, desperdigados y desprotegidos, luchaban unos contra otros para mantenerse a salvo. El contrato social hizo que dejaran de luchar para comenzar a cooperar y convivir, delegando al Estado la protección de la vida, la libertad y la propiedad.
Pero cuando hay grupos organizados que comienzan a saquear y robar descaradamente en comercios de distintos lugares del país, ante la impotencia de los comerciantes para contener esas avalanchas, comienza a resquebrajarse el contrato social. Cuando esos mismos comerciantes, coordinados con las fuerzas de seguridad, empiezan a organizar sus rondines y guardias por la noche para proteger sus fuentes de trabajo, es que se está perdiendo aceleradamente la autoridad gubernamental. La constatación de la impunidad multiplica las acciones vandálicas; la inseguridad provoca respuestas violentas por parte de quienes no están entrenados para utilizar la fuerza.
La letra del contrato social está escrita en nuestra Constitución, leyes y decretos, y se precisa decisión y voluntad para aplicarlos. La mayoría abrumadora de la ciudadanía argentina vive de acuerdo a estas normas fundamentales y las acata porque entiende que eso es lo correcto. Pero cuando surgen grupúsculos violentos que vulneran el orden social y se dedican a delinquir abiertamente, se vuelve imperioso exigir a las autoridades que cumplan con el deber que asumieron, hasta el último día de sus funciones. Es con el imperio de la ley que se puede salir de la crisis de gobernabilidad e impedir la ruptura del contrato social, sin necesidad de atajos autoritarios que profundizarían la crisis y sus consecuencias más graves. Estamos a tiempo.
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