La Policía informó que este martes por la noche detuvo a un hombre de 54 años en Chilecito. La medida se cumplió tras un oficio judicial emitido en una causa penal por un presunto delito sexual cometido contra una menor de ocho años.
Según consta en el expediente N.º 22.927/20, la imputación se relacionó con un hecho ocurrido en un contexto de convivencia previa entre el acusado y la víctima. La calificación legal establecida fue abuso sexual simple agravado, figura prevista en el artículo 119 último párrafo del Código Penal Argentino, que contempla penas de ocho a veinte años de prisión.
Desde fuentes judiciales señalaron que la causa continúa en trámite y que se definirá en las próximas instancias procesales. El caso genera preocupación en la comunidad y reaviva la atención de organismos vinculados a la protección de derechos de la infancia.
Capital
El Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de La Rioja y bajo la conducción de la jueza Dra. Gisela Flamini, dictó auto de procesamiento y prisión preventiva contra Juan J. V., imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, en concurso real.
La resolución fue dictada en el marco de la investigación iniciada a partir de denuncias realizadas en septiembre de 2024. Durante la etapa instructora, el tribunal valoró las pruebas reunidas, entre ellas: testimonios, declaraciones en Cámara Gesell, pericias médicas y psicológicas, que aportaron los elementos de convicción necesarios para fundar la medida judicial.
La magistrada sostuvo que, en concordancia con la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos, los testimonios de las víctimas constituyen prueba fundamental, debiendo ser evaluados con perspectiva de género y garantizando la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En consecuencia, se resolvió dictar el procesamiento con prisión preventiva del imputado, quien permanecerá alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. Asimismo, se dispuso un embargo sobre sus bienes para responder a eventuales responsabilidades pecuniarias y costas del proceso.
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