Hay novedades en el juicio por la expropiación de YPF. La Justicia de Estados Unidos rechazó el pedido de la Argentina para presentar la garantía. De esta manera, el Gobierno tiene tiempo de pagar hasta el 10 de enero. En caso contrario, comenzará a correr los pedidos de embargo.
La jueza Loretta Preska, que condenó al país a pagar US$16.000 millones, le había dado tiempo al país hasta el 10 de enero para concretar el depósito de acciones de la petrolera por el monto total de la sentencia.
Esta semana, los abogados del país solicitaron la suspensión o la extensión por otros 90 días de esa obligación. “Por las condiciones económicas muy difíciles y la necesidad de implementar reformas urgentes, la Argentina no está en condiciones de comprometer activos como depósito de garantía por US$16.000 millones”, decía el escrito, que asegura que ese monto representa 32% del Presupuesto 2023, a la cotización oficial.
En el escrito presentado ante la justicia de Nueva York, los representantes de la República remarcaron que el gobierno de Javier Milei recién empieza su mandato y si bien nombró a Rodolfo Barra como el Procurador General del Tesoro, todavía falta la designación de quién será el encargado de llevar adelante los litigios internacionales contra el país.
“Circunstancias excepcionales justifican retrasar hasta el 22 de febrero -y no el 23 de enero- el plazo para los argumentos de la apelación” ante el tribunal neoyorquino, indica el escrito elevado ante la jueza de primera instancia.
Tras remarcar que el fallo por la expropiación de YPF es el litigio más caro que enfrenta el país, resalta la necesidad de la gestión de Javier Milei conocer los detalles de la demanda, del proceso de apelación y las alternativas que se le presentan, con lo que no podrá cumplir con el plazo de fines de enero para presentar sus primeros argumentos.
Sin embargo, la magistrada denegó el pedido: “El 26 de octubre la demandada República Argentina solicitó, de conformidad con la Norma Federal de Procedimiento Civil, suspender la ejecución de la sentencia definitiva pendiente de $16.1 mil millones y apelarla sin fianza o imponer una sentencia provisional. Ahora la República vuelve a escribir para decir que no puede cumplir con los plazos ampliados que solicitó. Pero esta vez la República busca una renuncia total a las condiciones de estadía o una prórroga adicional de 90 días. Por múltiples razones se desestima la moción”.
“Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata”, sentenció Preska.
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