La evolución ya había sido anticipada por el presidente Javier MIlei y diferentes funcionarios del gobierno nacional, que advirtieron en varias oportunidades que se iba a recurrir a recortes en las partidas que el Estado Nacional gira habitualmente a las provincias por fuera del régimen de Coparticipación Federal y otros fondos de asignación automática.
De todos modos, la magnitud de ese recorte era la incógnita a resolver y, una vez conocidos los recursos disponibles, los gobiernos provinciales se enfrentan al dilema de cómo administrar sus gastos y recursos.
“Las provincias tienen que decidir primero cuánto bajar gastos y cuánto intentar subir otros ingresos”, sostuvo al respecto en declaraciones a Télam Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Al respecto, precisó que “el monto global de las transferencias no automáticas es de 1 punto del PBI (Producto Bruto Interno) frente a un ajuste agregado (entre recorte de gastos y aumento de la recaudación) que el gobierno nacional estima en 5 puntos”.
Por lo pronto, los recortes al gasto en las provincias aún no se vieron en toda su dimensión, según lo expresado a Télam por Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, para quien “los gobernadores están reaccionando de manera política y todavía no lo hicieron en forma económica”.
“Los anuncios de ajuste al gasto público fueron realizados en su gran mayoría por gestiones nuevas, en línea con el discurso del gobierno nacional y las medidas se basaron en reducción del gasto político: cargos, viáticos, en algún caso salarios, parque automotor; pero no son medidas que tengan impacto económico muy fuerte en la estructura del gasto”, sostuvo Pegoraro.
Además de los ingresos propios -que en la mayoría de los casos son una parte minoritaria dentro de los recursos totales-, las provincias se financian con transferencias del Estado nacional, que a grandes rasgos se dividen en automáticas (Coparticipación, compensaciones por el Consenso Fiscal y una serie de leyes especiales) y discrecionales o no automáticas que, a diferencia de las primeras, no están sujetas a criterios de distribución prestablecidos por ley y, por ende, están sujetas a aumentos o bajas según el criterio del gobierno nacional.
Ante la inflexibilidad de las transferencias automáticas, los esfuerzos del gobierno nacional para alcanzar el equilibrio fiscal se focalizan en las discrecionales, algo que queda en evidencia al contrastar la caída real del 64,2% interanual de enero con las variaciones de los meses previos.
Los recortes no fueron homogéneos tampoco en la clasificación por jurisdicciones ni por tipo de actividad: entre las primeras, por ejemplo, Educación fue la menos afectada, con una caída real del 21,3%, a diferencia de Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT) o Desarrollo Social, en las que el recorte fue del 100%, al igual que las partidas para el financiamiento de las cajas previsionales.
“Las provincias van a explorar todas las alternativas disponibles, en un marco de deterioro fiscal. Creo que con seguridad va a caer el gasto salarial real”, vaticinó Argañaraz, en coincidencia con el pronóstico de Pegoraro, para quien “la gran clave para poder ver qué tanto van a intentar licuar, más que recortar el gasto, va a ser con el inicio de las paritarias provinciales; algunas ya comenzaron y habrá que ver cómo evolucionan, ahí va a estar el secreto para contener el gasto”, remarcó.
Pegoraro no descartó que algunas provincias recurran a una refinanciación de pasivos, lo que les abriría “una ventana de negociación política con la Nación, del tipo ‘vos no me pasás fondos, pero tampoco me exigís deuda’ y terminen refinanciándose a uno o dos años, por lo menos”.
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