Según se informó, de los aproximadamente 7,3 millones de pasivos del sistema previsional, más de 3,2 millones no deben presentar su fe de vida a partir de acuerdos entre el Estado y algunas entidades bancarias, en su mayoría, del sector público.
El resto está obligado a realizar el trámite que, al ser aprobado en la sesión, quedará eliminado.
El artículo primero de la iniciativa establece que "en ningún caso podrán requerirse trámites adicionales a cargo del beneficiario y/o apoderado de la prestación" jubilatoria "más allá de las verificaciones realizadas al momento del cobro presencial que eventualmente se realice".
La oficialista bonaerense, Juliana Di Tullio, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, manifestó que este proyecto "les devuelve la dignidad a las personas" porque "evita que una persona tenga que decir que está viva para poder cobrar sus derechos".
"Hay vastísima prueba para que un banco, que sabe todo y en general nos ofrece todos sus servicios, esté obligado a no pedir nunca más un trámite de este tipo. No habrá beneficiario de ninguna jubilación o pensión que tenga que demostrar que está con vida", explicó. (Télam)
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