El Gobierno modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, a través del DNU 274, que establece una actualización mensual de los haberes en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y que comenzará a regir en julio. Para una consultora, estos cambios podrían mejorar los ingresos solo en el corto plazo.
De acuerdo a un informe elaborado por IERAL, de la Fundación Mediterránea, la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria generaría un beneficio en un contexto inmediato respecto a lo que ocurriría con la ley de movilidad, “gracias a la actualización extraordinaria de abril”. A largo plazo, en cambio, indicaron que “los haberes evolucionarían por debajo de lo que se desprendería de la actual ley de movilidad, en escenarios en que la inflación baja y la producción se recupera levemente”.
En términos de gasto público, el escenario es inverso. “Manteniendo la actual ley de movilidad al inicio se ahorraría más en jubilaciones, pero a mediano y largo plazo se gastaría más”, señaló el informe. En esa línea, el reporte mostró que el gasto en jubilaciones creció entre 2004 y 2017 debido al aumento de beneficiarios -a partir de moratorias- y mejoras en los haberes.
Jubilaciones: qué puede pasar al actualizar los haberes en base a inflación
El trabajo de la Fundación Mediterránea planteó dos posibles escenarios frente a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria impulsada por el presidente Javier Milei que actualiza los haberes en línea con inflación.
A continuación, los dos enfoques analizados por IERAL:
Si el objetivo de la fórmula de movilidad es preservar el poder adquisitivo de las jubilaciones en el tiempo, resulta conveniente utilizar la inflación como regla de movilidad, con el menor rezago posible.
En caso de que el propósito del Gobierno sea que las jubilaciones evolucionen en forma similar a los salarios, los haberes reales mejorarán si el PBI y la productividad crecen a largo plazo, pero disminuirán en caso contrario.
Según el informe, en el último escenario “existe menor previsibilidad para los jubilados respecto a la preservación de su poder adquisitivo”.
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