El Gobierno enfrentará el miércoles una audiencia crucial en Estados Unidos en la que se empezará a definir si debe pagar la sentencia por US$16.000 millones más intereses al que la condenó la jueza Loretta Preska por la expropiación de YPF durante kirchnerismo.
Ese día, los abogados del país, de la petrolera y los representantes legales de los beneficiarios de la sentencia millonaria (el fondo Burford Capital) presentarán sus argumentos orales ante el tribunal de segunda instancia de Nueva York.
La estrategia judicial argentina apunta a revertir la millonaria condena de Preska, de septiembre de 2023. O, por lo menos, que los magistrados de segunda instancia fijen una reducción considerable del monto a pagar (con los intereses que acumula hasta el momento se acerca a la cifra del swap que se firmó con EE.UU. en el marco del programa de asistencia financiera de la gestión de Donald Trump).
Va en paralelo a la apelación para evitar la entrega de acciones de la petrolera como parte de pago a los demandantes, también ordenada por Preska. Esa instancia tuvo sus argumentos orales ante otro tribunal de la misma corte neoyorkina a principios de octubre.
Este jueves se conocieron quiénes serán los miembros de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito neoyorkino que definirán la suerte de la presentación del Gobierno y, para muchos, el futuro de YPF.
Se trata de José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson, que llegaron a ser integrantes de ese tribunal durante las gestiones de Bill Clinton; Barack Obama y Joe Biden, respectivamente.
La Argentina ya avisó en varias oportunidades que si el fallo de cámara no le es favorable, acudirá a la Corte Suprema de Justicia de EE.UU.
En la audiencia del miércoles, que se desarrollará desde el mediodía en el edificio judicial de la Corte de Apelaciones en Manhattan, los magistrados escucharán e indagarán a las partes. No tienen plazos para publicar su veredicto, pero se estima que se conocería recién para los primeros meses de 2026.
Los demandantes, con Burford Capital a la cabeza, hablaron de manera pública por primera vez esta semana. Además de considerar que el proceso puede extenderse hasta 2027, le recomendaron a la Argentina que negocie.
“Como todo litigio, conlleva riesgos significativos de imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total”, señalaron en un comunicado.
Comentarios