El juez Sebastián Casanello procesó por corrupción a Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, por incompatibilidad en los deberes de funcionario público cuando era presidente.
La causa se originó con la investigación de la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno del exmandatario.
Semanas atrás, el juzgado recibió un informe clave, elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), para avanzar en la causa. El documento “demuestra la íntima vinculación de funcionarios públicos con los empresarios privados” involucrados en el caso.
En la causa también están involucrados María Cantero, exsecretaria de Fernández; su marido, Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo del expresidente; y el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por montar una maquinaria de supuesta defraudación al Estado a través del decreto 823/2021.
Con dicho decreto, Fernández impuso la obligación a todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación.
Cuando fue citado a declarar, el exmandatario se limitó a presentar un escrito en Comodoro Py donde aseguró: “No comprendo los cargos que me formulan”.
Además, detalló que el decreto no fue impulsado exclusivamente por él, sino por una serie de organismos del Estado, como el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y Nación Seguros.
“Este decreto fue una decisión política, no debe ser objeto de judicialización. Lo que buscamos fue generar la mejor sinergia entre los recursos públicos y mejorar la eficiencia del sistema asegurador del Estado”, argumentó.
Noticia que está siendo actualizada.-
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